Una tensa disputa se ha desatado entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, a raíz de la cobro del 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un valor de $1,500 millones de pesos.
El cargo que la DIAN pretende aplicar a los Las importaciones de combustibles realizadas por Reficar entre 2022 y 2024, han escalado al ámbito judicial y generó alarma por sus posibles repercusiones en el suministro y la economía nacional.
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Cargo controvertido
Refinería de Cartagena (Reficar) Foto:ecopetrol
El meollo de la disputa está en la interpretación que hace Reficar de la ley tributaria sobre las importaciones de combustibles, que opera bajo un régimen de zona franca.
Según el equipo jurídico de la Refinería, la DIAN estaría haciendo una interpretación de la norma que le conviene para el cobro, lo cual sería incorrecto, ya que Ecopetrol y Reficar no facturaron ni cobraron dicho IVA, y una parte importante del combustible que se consume en el país (40% de las gasolinas y 10% del diésel) se importa a través de Reficar bajo este régimen.
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Riesgo de parálisis y reacciones sindicales.
refy Foto:ecopetrol
Generaba gran preocupación la posibilidad de que la DIAN procediera con medidas coercitivas de cobro, como un eventual embargo de las cuentas de la Refinería. Aunque la DIAN inicialmente no consideró la decisión de embargo, las alertas se dispararon.
La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, advirtió que una acción de esta naturaleza Podría paralizar la empresa y provocar escasez de combustible en la Costa Caribe.
En un comunicado, la USO señaló que con las cuentas incautadas, Reficar sólo pudo operar entre 7 y 18 días, sin poder procesar cerca de 200 mil barriles diarios, lo que generaría un impacto mensual negativo en su Ebitda de aproximadamente $23 millones de dólares en pérdidas.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ha sido enfático en su rechazo a la acción unilateral de la DIAN, llamando a un acuerdo entre las dos entidades del Gobierno Nacional. Turbay alertó sobre una posible crisis energética, laboral y social en la Región Caribe. Advirtió que Un embargo pondría en riesgo 2.500 empleos y afectaría los $116 mil millones en impuestos que Reficar aportó al Distrito en 2024.
El sindicato nacional de estaciones de servicio también expresó la preocupación de los distribuidores minoristas, señalando que cualquier dificultad en Reficar afectaría la distribución de combustible a nivel nacional.
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El pulso se traslada a los juzgados
refy Foto:
Ante el litigio, el 5 de noviembre, Refinería de Cartagena interpuso acción de amparo contra la DIAN ante juez de lo Contencioso Administrativo de Cartagena
El representante de Reficar, Alejandro Linares Cantillo, sostiene que las acciones de la DIAN violan derechos fundamentales de la Refinería.
En concreto, se señala que el La DIAN violó el derecho al debido proceso, desconoció la configuración jurídica del impuesto, alteró los elementos esenciales del impuesto y usurpó facultades del Legislador. definiendo una base imponible que es responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía (MME).
También se alega violación del derecho a la igualdad de la Refinería.
La tutela, interpuesta por Linares Cantillo, se fundamenta en la presunta violación de varios derechos fundamentales de la refinería:
– Derecho al debido proceso: Reficar alega que la DIAN violó este derecho al desconocer el marco jurídico aplicable al impuesto y al haber notificado la Resolución DIAN 12812 de 2025 del 4 de noviembre, que inicia el proceso de cobro coactivo. Un embargo inmediato, sin una decisión judicial sustantiva, se interpretaría como una violación del debido proceso.
– Derecho a la igualdad: sostiene que el cobro es improcedente porque Reficar, como Zona Franca, está acogida a un régimen especial que la exime del IVA sobre las importaciones de combustibles al Territorio Aduanero Nacional (TAN). Se afirma que la DIAN hizo una interpretación de la norma que desconoce esta condición especial.
– Libertad de empresa y existencia legal: La medida de cobro forzoso y el riesgo de embargo pondrían en peligro la estabilidad financiera y el funcionamiento continuo de la refinería.
Riesgo de crisis en la producción: uno de los argumentos centrales del amparo es la existencia de un «daño irremediable» que va más allá de lo corporativo, con impactos directos en la soberanía energética y la economía del país:
– Riesgo operativo y de suministro: Reficar advierte que, de ejecutarse el embargo de cuentas, la refinería se vería obligada a cesar completamente sus operaciones en un plazo de 7 a 18 días. Esto afectaría el suministro del 100% del combustible de la Costa Caribe y del 54% del diésel y turbosina del país, generando una grave crisis energética nacional.
– Impacto financiero y de Ecopetrol: un pago inmediato de $1,300 a $1,500 millones afectaría directamente el flujo de caja operativo de Reficar.
-El embargo podría activar cláusulas de incumplimiento cruzado en los contratos de emisión de bonos de Ecopetrol (matriz de Reficar) si supera los $100 millones de dólares, comprometiendo la deuda total de la petrolera estatal (valorada en unos $120 mil millones).
– Riesgo laboral y social: La paralización de operaciones pondría en riesgo la fuente de empleo y los niveles mínimos de vida de más de 4.600 trabajadores directos e indirectos.
La solicitud y estado actual del proceso.
Reficar solicitó al tribunal suspender de inmediato los efectos de la Resolución 12812 de 2025 de la DIAN, mientras se toma una decisión de fondo sobre el amparo interpuesto. Con ello se busca ganar tiempo para defender su posición jurídica y evitar el colapso operativo.
Por el momento, el caso se encuentra en los tribunales judiciales. La Justicia debe definir si otorga o no las medidas de protección solicitadas por Reficar, lo cual es crucial para evitar el inicio de un cobro coercitivo y un eventual embargo. La DIAN, por su parte, mantiene reserva legal sobre el tema, limitándose a decir que no puede referirse a la investigación en curso.
La reserva legal de la DIAN
Esto debe tenerse en cuenta. Foto:Dian/ iStock
Mientras avanza la polémica, la DIAN ha mantenido confidencialidad sobre el caso. El área de Comunicaciones de la entidad indicó que «no puede referirse al tema» porque está obligada a guardar secreto legal respecto de la información contenida dentro de la investigación respectiva.
El sector espera una pronta resolución del conflicto que evite la escalada de medidas recaudatorias y mitigue el riesgo de afectar el suministro y la estabilidad financiera de una de las empresas estratégicas del país.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
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