Las desapariciones forzadas en Colombia representan una de las heridas más profundas del conflicto armado que ha marcado al país durante décadas. Paradójicamente, este grave crimen de lesa humanidad no solo no disminuyó tras los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016, sino que se agravó en varios aspectos, adoptando nuevas formas y actores en el contexto posacuerdo.
marcas de experiencia
Colombia tiene una de las cifras de desapariciones forzadas más alarmantes del continente, y los informes lo confirman Unidad de búsqueda de personas reportadas como desaparecidasquienes revelan esta tendencia como consecuencia del conflicto armado, reportando datos que alcanzan hasta 100.000 casos de desapariciones, dejando a familias enteras en un estado de luto eterno e incertidumbre.
Durante décadas, grupos guerrilleros, formaciones paramilitares y agentes estatales han sido responsables de esta práctica sistemática, que ha sido utilizada como herramienta de terror, control territorial y eliminación de opositores políticos, defensores de derechos humanos, líderes sociales y población civil, acciones tomadas en medio de una guerra de ego y poder que ha dejado indefensas a las mayorías en el medio.
Acuerdo y paradoja
Los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016 generaron esperanzas de que la violencia disminuiría significativamente, sin embargo, la realidad es más compleja de lo esperado, pues la desmovilización de las FARC ha creado un vacío de poder en territorios previamente controlados por esta guerrilla. Varios grupos armados ilegales disidentes de las FARC y el ELN, grupos paramilitares heredados de las AUC y estructuras del crimen organizado han iniciado nuevas contiendas violentas por el control de las economías ilegales, las rutas del narcotráfico y los territorios estratégicos.
En todas estas áreas La desaparición forzada en el contexto del posacuerdo tomó características diferentes, afectando a líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes en proceso de reincorporación y comunidades que reclaman tierras o implementan programas de reemplazo de cultivos, los cuales se convirtieron en objetivos prioritarios, provocando una nueva ola de violencia que se sigue expresando a través de la detención de quienes se han convertido en “piedras en el camino” para quienes están en el camino de seguir delinquiendo en estas zonas.
De vuelta con toda su fuerza
La implementación incompleta de los acuerdos de paz fue fundamental dado que programas clave, como la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilegales y una presencia estatal efectiva en territorios históricamente abandonados, han progresado lentamente o han enfrentado obstáculos significativos y esta ausencia del Estado ha permitido que los grupos armados ilegales continúen operando con relativa impunidad.
La militarización contra el liderazgo social es otro factor crítico, pues quienes defienden el territorio impulsando acuerdos de paz y liderando procesos de restitución de tierras o denunciando la economía ilegal enfrentan amenazas constantes, incluida la desaparición, que se utiliza como método para silenciar voces empoderadas y aterrorizar a las comunidades.
La economía ilegal del narcotráfico sigue siendo el motor de gran parte de la violencia, junto con las disputas por el control de cultivos de coca, laboratorios de procesamiento y rutas de tráfico, creando espirales de violencia en las que la desaparición se convierte en una de las opciones recurrentes adoptadas para prevalecer en medio de la guerra, como se señala en ONU a través de su portal web en abril de este año.
El papel de la justicia transicional
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como parte del acuerdo, comenzó a investigar patrones masivos de desapariciones forzadas. El macro caso de desaparición forzada reveló información clave sobre la magnitud del fenómeno y permitió algunas exhumaciones y entrega de restos a familiares.
Sin embargo, el sistema enfrenta enormes desafíos como la escala de los crímenes, la falta de recursos, la resistencia de algunos sectores políticos al proceso de paz y la renuencia de algunos responsables a cooperar plenamente con la verdad. Otra de las razones por las que la JEP es tan criticada es por su modelo de trabajo, ya que según su estatuto cualquier persona que coopere con declaraciones puede gozar de una especie de impunidad, ya que se argumenta que la adición de cláusulas legales podría llevar a que las personas que testifiquen se abstengan de decir toda la verdad por temor a represalias.
Bajo esta misma medida, personas como Luz Marina Contreras, portavoz nacional del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en la estrategia de desaparición forzada, utilizan espacios como el conversatorio organizado por la UBPD, para criticar tanto los acuerdos de paz como a estas entidades creadas para buscar la verdad sobre la guerra, porque según sus palabras “la JEP entregó más delincuentes que perseguidores”; Por otro lado, también se menciona la forma en que se eliminan los registros de personas que participaron en casos de desaparición forzada.
Desafíos y caminos a seguir
Para enfrentar esta crisis humanitaria, es imperativo fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios históricamente abandonados, no sólo con fuerza militar, sino también con inversión social, educación, salud y oportunidades económicas legales, dado que la plena implementación del Acuerdo de Paz no puede continuar como un proyecto diferido, cuyas víctimas siguen viendo que sus perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus acciones.
La protección efectiva de líderes sociales y defensores de derechos humanos debe ser una prioridad, con esquemas de seguridad que realmente funcionen y no sean meras formalidades burocráticas, sino que busquen desmantelar las estructuras paramilitares y sus redes de apoyo económico y político a través de una voluntad política real.
Fortalecer a la JEP y a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas es fundamental para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Finalmente, la memoria histórica debe tomar protagonismo en la sociedad colombiana para que nunca más se normalice la desaparición de seres humanos como estrategia de guerra.
La desaparición forzada en Colombia no es un problema del pasado, el agravamiento de este crimen luego del Acuerdo de Paz demuestra que construir una paz real requiere más que firmar documentos, requiere transformaciones estructurales profundas, voluntad política sostenida y un compromiso social inquebrantable con la dignidad humana y mientras haya familias que no sigan buscando su dolor cercano en la desaparición, la historia.
Autor: Concéntrica Media – Universidad Central
