Las marchas recientes han evolucionado significativamente, ya no solo con el objetivo de conmemorar a los trabajadores internacionales y el Día de los Trabajadores, sino que se han robustecido como una manifestación masiva de apoyo a importantes reformas sociales. Este fenómeno busca profundizar la democracia participativa y consolidar un ambiente de paz en el país. Desde las principales ciudades hasta los rincones más apartados de Colombia, miles de ciudadanos salieron a las calles no solo para reclamar mejores condiciones de trabajo, sino también para exigir una democracia más viva, descentralizada y comprometida con la paz.
Los manifestantes no solo levantaron sus voces por derechos laborales como un salario justo, jornadas laborales dignas y garantías sindicales. También abogaron por reformas que reconozcan el papel fundamental que deben jugar las personas en la toma de decisiones públicas. La propuesta presidencial de convocar una consulta popular para desbloquear reformas sociales estancadas, lanzada en el Congreso, refleja una verdad profunda: la urgencia de que los ciudadanos tengan el poder de decidir sobre los asuntos que afectan sus vidas. Esta capacidad de decisión no es solo una cuestión de derechos, sino que también representa un compromiso inquebrantable con la paz, entendida como una transformación estructural de las relaciones de poder que favorezca la justicia social.
Esta situación puede interpretarse como un llamado colectivo para consolidar la democracia directa en municipios y departamentos. Esto implica un cambio desde una participación simbólica o meramente consultiva hacia una construcción real de poder en la esfera local. Las manifestaciones masivas crean un entorno propicio para el desarrollo de formas organizativas y soberanas, reconocidas e institucionalizadas, como el gobierno de los pueblos étnicos o las asambleas territoriales constituyentes de ciudadanos. En estas modalidades de autogobierno y participación colectiva, se sientan los cimientos de una paz territorial que sea sostenible y democrática.
Uno de los mayores avances para alcanzar este objetivo es la Ley Legislativa 03 de 2024, que tiene como finalidad fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios. Sin embargo, para que esta transformación participativa sea efectiva, es imperativo que se complete la aprobación de emergencia de la ley de jurisdicción, la cual debe distribuir de manera clara y equitativa las responsabilidades, recursos y capacidades entre la nación y las entidades territoriales. Sin la aprobación de esta ley, los municipios y departamentos seguirán atrapados en un modelo centralista que sofoca la autonomía real, dificultando la eficiente participación ciudadana y impidiendo la construcción de una paz duradera.
Fortalecer la participación ciudadana y el poder de decisión de las personas no debe verse como un mero eslogan vacuo, sino como una necesidad urgente para la democracia y la paz. La elaboración de planes municipales, regionales o departamentales a lo largo de dieciséis o veinte años, así como los planes de desarrollo y esquemas de planificación territorial (POT y EOT), deben involucrar una participación comunitaria amplia que sea vinculante. Técnicamente, los planes dispersos se han desarrollado a partir de mesas centralizadas, desconectadas de la realidad, el sufrimiento y las esperanzas de territorios que han atravesado conflictos armados.
El presupuesto participativo se erige como otra columna crucial en esta transformación. Permite que la ciudadanía decida la dirección de los recursos públicos, priorizando las necesidades locales. Esto no solo fortalece la democracia, sino que también mejora la eficiencia y transparencia de la gobernanza pública. Además, ayuda a reducir tensiones sociales y territoriales; cuando las necesidades no se abordan, pueden surgir conflictos en torno a recursos esenciales como la alimentación. Por lo tanto, es fundamental potenciar el control social y la vigilancia autónoma y transparente por parte de los ciudadanos.
Lo crucial aquí no son solo las reformas legislativas o cambios normativos, sino más bien una redistribución real del poder. La movilización social debe ser un clara señal de que los ciudadanos están listos para asumir ese rol protagónico en la estructura democrática. La democracia directa, la movilización social, la planificación participativa y la descentralización efectiva conforman un ecosistema político que contribuye notablemente a la consolidación de la paz, tanto a nivel local como regional y nacional, siempre que existan garantías y un apoyo sólido por parte del Estado.
Colombia se encuentra en un momento decisivo en su historia. Debe elegir entre profundizar su democracia a través de la participación efectiva y el poder popular desde las bases, o quedar atrapada en un modelo centralista, corrupto y clientelista. La historia nos enseña que un país pacífico y en progreso solo puede construirse con la participación activa de sus ciudadanos, desde el vecindario, pasando por las localidades, hasta abarcar a las naciones enteras.
Luis Emil Sanabria D.
