Redacción de Medio Ambiente, 27 diciembre (EFE).- La defensa de la tierra, de los recursos naturales como el agua, contra la deforestación o la contaminación están entre las cuestiones por las que cientos de defensores ambientales son amenazados o asesinados en el mundo, ante la imparable industria agrícola o la industria extractiva como la minería.
Los defensores del territorio y del medio ambiente son defensores de los derechos humanos, según la organización internacional Global Witness, que cuenta casos de ataques y asesinatos desde 2012 y analiza la realidad de los defensores del medio ambiente.
Según sus datos, 146 defensores fueron asesinados en 2024. Una cifra que se eleva a 2.157 asesinatos y 96 desapariciones registradas desde 2012, en un proceso llevado a cabo con la verificación de «diversas fuentes para garantizar su credibilidad», afirman.
Para asegurar las actividades de las personas defensoras, en 2018 se firmó en la localidad que lleva su nombre en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, un documento pionero en la defensa de los derechos y protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, a la justicia en materia ambiental a través de mecanismos que garanticen la resolución de conflictos y la participación pública y también incluye el «reconocimiento y protección específica de los defensores ambientales», un hito pionero en el mundo.
Sin embargo, otros tratados internacionales como la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas incluyen los derechos de los defensores ambientales como guardianes de la tierra, el agua, el aire, la fauna y la flora. Sin olvidar que la agenda 2030 es la hoja de ruta para garantizar los derechos de las personas y del planeta sobre el desarrollo sostenible.
Sin embargo, los defensores de estos derechos se quejan en muchos lugares de que son acosados por la ampliación de las fronteras agrícolas para el cultivo de soja, algodón, maíz o palmas por parte de una industria agrícola cada vez más extensa en zonas de América del Sur, Asia o África, donde sus actividades degradan el suelo, aumentan el uso de productos químicos potencialmente nocivos, así como las comunidades locales donde muchos países los defienden o defienden a sus propios pueblos.
La industria extractiva como la minería, que se enfrenta a una demanda cada vez mayor de minerales estratégicos para la economía, la tecnología o el uso militar, deja desde hace años huellas imborrables debido a la minería del cobre a cielo abierto en Chile. Una situación similar reportan los pueblos indígenas y comunidades locales afectados por la minería del litio en Argentina, Chile o Bolivia.
El joven activista colombiano Francisco Javier Vera Manzanares aseguró a Efe durante su participación en un foro en Madrid que cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida en términos sociales, económicos o de bienestar general «son dos cosas que intrínsecamente van de la mano, porque tener un medio ambiente sano es un indicador de bienestar, el medio ambiente es un derecho humano».
Las amenazas obligaron a este joven promotor de la eco-esperanza, defensor ambiental y creador del movimiento Guardianes por la Vida a abandonar Colombia, país que, según el informe de Global Witness, fue el más mortífero para los defensores ambientales en 2024 y por tercer año consecutivo.
En enero de 2025, el Consejo de Derechos Humanos presentó el Informe de la Relatoría Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, que expuso la vulnerabilidad con la que trabajan las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente y sus recursos.
La Relatora Especial Mary Lawlor cree que «muchos de los ataques y amenazas, así como los obstáculos prácticos, que obstaculizan el trabajo de los defensores de los derechos humanos están relacionados con su ubicación».
Según Lawlor, «los asesinatos no son el único problema que afecta a los defensores de los derechos humanos en contextos aislados, remotos y rurales». El relator ya señaló en el informe anterior que uno de los mayores problemas que enfrentan los defensores es la marginalidad, las personas que están lejos de la protección de las instituciones nacionales de derechos humanos y de las embajadas extranjeras.
El relator destaca que muchos defensores advierten que a pesar de los avances respecto del derecho al consentimiento libre, previo e informado para proyectos que afecten a sus territorios, “los Estados no respetan ese derecho y las autoridades y empresas lo violan o ignoran sistemáticamente”.
Por su parte, la organización Survival denuncia que el avance de las industrias extractivas, la agroindustria, el narcotráfico, los proyectos de infraestructura, los misioneros o el turismo y las redes sociales ponen en riesgo a muchas personas aisladas y a sus defensores.
De hecho, la Comisión Europea, con la voz de la derecha y la extrema derecha, simplificó las medidas prudenciales incluidas en la tan debatida Directiva Ómnibus. EFE
