La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel militar Pluvi Hernán Mejía a 20 años de prisión tras encontrarlo involucrado en al menos 72 ejecuciones extrajudiciales.
El Panel de No Verdad de la JEP se pronunció en una decisión de 1.149 páginas, estableciendo su participación en los hechos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón La Popa en Valledupar (Cesar) entre 2002 y 2003.
El panel de reconocimiento encontró a Mejía como el máximo responsable de 35 crímenes que causaron la muerte de 72 personas, varias de ellas víctimas de desaparición forzada, ocurridos entre enero de 2002 y noviembre de 2003 en los municipios de Cesar al norte y La Guajiro al sur. Las víctimas fueron civiles –campesinos, jóvenes de escasos recursos, personas con discapacidad, indígenas y afrodescendientes– quienes fueron ejecutados extrajudicialmente y luego presentados falsamente como guerrilleros caídos en combate, en un patrón de criminalidad sistemático conocido como “falsos positivos”.
Según la JEP, estos hechos correspondieron a una estructura de mando organizada que operaba bajo presión institucional por resultados, incentivos perversos y una cultura organizacional que premiaba el número de «bajas», de manera organizada integrada por oficiales, suboficiales y soldados. Ejército.
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A cambio de los cadáveres, los responsables recibieron felicitaciones, premios, permisos, licencias y reconocimientos operativos, mientras que las víctimas fueron privadas de su identidad y dignidad.
