El nacimiento de la convergencia política entre Iván Cepeda, los partidos Pacto Histórico, En Marcha y Esperanza Democrática, y el movimiento Todos Somos Colombia marca un nuevo punto de inflexión en la vida democrática del país. No es una coalición temporal ni un acuerdo de conveniencia, es un nuevo esfuerzo por consolidar el Frente Amplio por la Vida, al que deben sumarse otros partidos, movimientos sociales, sindicatos y ciudadanía que compartan una visión inclusiva y democrática del presente y futuro de Colombia.
Esta congruencia se renueva en momentos en que el país enfrenta peligros y desafíos que amenazan los elementos básicos de nuestra democracia. Durante décadas, el modelo económico dominante y autoritario ha promovido la privatización de los servicios básicos, ha reducido la presencia del Estado en sectores estratégicos y ha permitido que los derechos básicos sean tratados como mercancías. La salud, la educación, el agua, la energía y la seguridad social, entre otras, dejaron de ser entendidas como garantías universales y pasaron a regirse por la lógica del mercado.
Por eso es necesario decirlo claramente y sin ambigüedades. La convergencia se hace para salvar el Estado social de derecho, profundizar los cambios y debilitar el modelo de privatización que comercializa derechos. Fue creada para salvar el significado original de la Constitución de 1991, que incorporaba la dignidad humana, la igualdad y la solidaridad como principios rectores de la vida. Está diseñado para garantizar que el Estado cumpla su función esencial de proteger a los ciudadanos, promover la dignidad y el bienestar colectivo.
El Estado social de derecho no es un eslogan de campaña. Es un orden que se deriva del acuerdo constitucional y simboliza que los derechos no pueden depender de la capacidad de pago de las personas. Esto significa que la atención sanitaria no puede ser un negocio que fomente la corrupción, que la educación no puede ser un privilegio y que la seguridad social no puede ser una mercancía. Esto significa que el desarrollo económico debe estar al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio del mercado.
También es necesario reafirmar que la defensa del Estado social de derecho implica que los poderes públicos actúen plenamente conforme al mandato constitucional, y no subordinados a intereses privados o corporativos. La Constitución estableció que el poder público existe para garantizar los derechos, proteger la dignidad humana y asegurar el bienestar general. Cuando las decisiones estatales están guiadas por presiones económicas o intereses especiales, la democracia se debilita y se traiciona el significado mismo del orden constitucional.
Por lo tanto, la convergencia política debe asumir la determinación de que los poderes del Estado correspondan al interés general, cumplan su función social y actúen de manera independiente contra cualquier forma de captura privada del Estado, construyendo una mayoría democrática que permita avanzar en reformas estructurales encaminadas a garantizar derechos, reducir la desigualdad y ampliar las oportunidades, consolidar el modelo de desarrollo y promover un entorno social justo.
En este caso, el estuario también simboliza una respuesta a los negocios dudosos que han debilitado las instituciones y socavado la confianza de los ciudadanos durante años. La convergencia es todo lo contrario de los compromisos políticos y los pactos de poder impuestos por las mafias del narcotráfico, la corrupción y la economía ilegal a nivel nacional y en diferentes regiones del país. La convergencia es un esfuerzo conjunto por la transparencia, la ética pública y la defensa del interés común.
Pero su verdadero significado no se limita a la esfera política institucional. La convergencia es una nueva oportunidad para los ciudadanos que se abstienen de votar, para los jóvenes que quieren participar en la construcción de la paz y del país, así como para los territorios y comunidades tradicionalmente excluidos que han sufrido la ausencia del Estado. Es un llamado a restaurar la confianza en la democracia y a construir un país donde todas las voces sean escuchadas.
La convergencia es también un instrumento para profundizar cambios encaminados a fortalecer la paz como política de Estado, promover una reforma rural integral, garantizar el acceso universal a la educación y consolidar un sistema de salud basado en derechos y no en rentabilidad.. Estos cambios no pueden depender de una sola fuerza política. Requieren de una amplia base social y política que garantice democráticamente su continuidad y sostenibilidad.
Debilitar el modelo de privatización no significa negar el papel del sector privado en la economía. Esto significa establecer reglas claras que protejan el interés público y garanticen que los derechos fundamentales no estén sujetos únicamente a la lógica del mercado. Esto significa reconocer que el Estado tiene la responsabilidad fiduciaria de garantizar condiciones de vida dignas para toda la población.
Colombia necesita una convergencia que movilice a la sociedad en general en torno a un proyecto común. Un proyecto que defiende la dignidad humana, fortalece la democracia y garantiza que los derechos no sean privilegios, sino una realidad cotidiana. Convergencia que crece con la fuerza de los ciudadanos, con la fuerza de los territorios y con la participación de los jóvenes y con el compromiso de quienes creemos en un país más justo. Convergencia para construir una sociedad donde los derechos no se compren ni se vendan, sino que se respeten y garanticen a todos.
Luis Emil Sanabria D.
