El informe del contralor jefe de la república arrojó los presuntos daños materiales por un monto de 1.618 millones de dólares, en ejecución del contrato de auditoría nro. 371-2022, celebrado entre el Fondo Consorcio para la Paz Colombia (FCP) y DCO Ingeniería & Servicios SAS
Este hallazgo fiscal corresponde a pagos inexactos y desproporcionados realizados al auditor, los cuales no se ajustaron a los avances reales registrados en los planes operativos anuales (POA) de los contratos monitoreados en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
El objeto del contrato fue supervisar la ejecución técnica, administrativa, financiera y jurídica de los componentes del PNIS en diferentes territorios del país.
El análisis de supervisión reveló que el avance técnico de estos contratos promedió 59,23%, 93,67% y 44,8%, respectivamente, muy por debajo del 100% requerido para justificar el pago total.
Pese a ello, se garantizó el pago total a DCO Ingeniería & Servicios SAS, lo que generó un sobrepago de $1.618 millones. Este hecho indica graves deficiencias en el seguimiento técnico y financiero por parte de los responsables del proceso de supervisión, es decir, la Agencia de Reconstrucción Territorial (ART), en su rol de entidad ejecutiva del PNIS y responsable de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
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