La discusión sobre la reciente ley que incrementa las transferencias del gobierno central a las entidades territoriales ha cobrado fuerza en el ámbito económico y político del país. Esta decisión no solo ha generado tensiones entre los principales economistas del país, quienes defienden la idea de descentralización, sino que también se alinea con lo estipulado en la Constitución de 1991. Esta Constitución ordena que más del 40% de lo que el Estado recauda en las regiones se transfiera a las entidades territoriales. Sin embargo, las primeras críticas y justificaciones lógicas plantean interrogantes sobre la conveniencia de esta medida.
En un contexto donde el 91% de los recursos de un país se encuentran comprometidos, se presenta una preocupación significativa respecto a la responsabilidad fiscal. En este sentido, el dilema se manifiesta en cómo el país podrá manejar sus finanzas: por un lado, se verá obligado a aumentar su deuda; por otro, tendrá que buscar una manera de transmitir impuestos ya considerados irremediables por parte de la ciudadanía. La realidad económica nos enfrenta a un reto complejo.
Lo que realmente destaca en el contenido de esta ley, que fue aprobada por el Congreso de la República y que debe pasar por un examen en el tribunal constitucional, es que se presenta como otro argumento en el interminable debate sobre la dependencia de las entidades territoriales de los recursos centralizados. Este centralismo llevado al extremo significa que muchas de estas regiones continúan dependiendo exclusivamente de los recursos que les envía el gobierno. Las transferencias, en su mayoría, están destinadas a cubrir necesidades básicas, pero refuerzan una estructura que perpetúa esta dependencia.
¿Dónde está la falacia en esta situación? Sin pretender cuestionar las intenciones de quienes promueven la iniciativa, es evidente que el proyecto puede interpretarse como un mero capricho que busca mantener la dependencia del sistema central. No debería plantearse una mayor dependencia de los recursos provenientes del nivel central, sino una estrategia que fomente el desarrollo económico regional. Las regiones deben competir y ofrecer características únicas que las enriquezcan, con un valor agregado que eleve su economía.
Con la aprobación de esta legislación, las territorios más vulnerables se ven en una situación donde su capacidad de actuar se ve restringida, ya que a menudo se generan condiciones propicias para la corrupción y la mala distribución de recursos. Es como si, tras celebrar resultados electorales con alegría, el mensaje implícito fuera: «Continuaremos con las mismas prácticas corruptas».
Es fundamental cuestionar si esta medida no se convertirá en un discurso vacío que fomente la pérdida de poder del estado nacional, con el riesgo de convertir al estado territorial en un mero asistente del centralismo. La realidad es que el estado debe desempeñar su papel integrador, reduciendo su capacidad de influir en el nivel de vida de la ciudadanía. En este sentido, es esencial que el mercado asuma la responsabilidad de crear riqueza, y que el estado se concentre en establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos sean cada vez más independientes del mercado, fomentando así el empleo y la competencia en todos los niveles.
La única manera de transformar la realidad de las regiones más empobrecidas del país es a través de un aumento en la productividad. Un estado más pequeño y menos burocrático conlleva menos oportunidades para la corrupción, dejando más espacio para las iniciativas privadas que cumplen un rol crucial en la economía. Necesitamos fomentar departamentos productivos, en lugar de perpetuar una dependencia económica que nos convierta en mendigos ante un gobierno central que no siempre responde a nuestras necesidades.
Lo que queremos es una descentralización real que nos ofrezca verdadera independencia económica, permitiéndonos ser dueños de nuestra propia calidad de vida. Como bien lo afirmó el defensor del federalismo, Rodrigo River: «La descentralización es, en efecto, una artimaña de Sacoleva que intenta mantener a los centralistas en el poder; incluso cuando saben que la solución correcta radica en otro enfoque».
Jefferson Mena Sánchez
