El accidente de tráfico de un autobús que cayó a un abismo en la carretera entre Segovia y Remedios en el que murieron 17 personas (16 estudiantes del Liceo Antioqueño) sigue dando de qué hablar.
El Ministerio de Transporte, a través de la Superintendencia de Transporte, anunció este lunes 22 de diciembre la suspensión inmediata por el plazo de seis meses del Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper Ltda.
Se trata de una decisión administrativa que busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los centros de control vehicular.
Luego de una semana, autoridades de Antioquia lograron sacar el autobús Foto:Particular
Esta medida extrema surge luego de las investigaciones preliminares sobre el catastrófico accidente ocurrido el pasado 14 de diciembre en la carretera del Noreste de Antioquia, donde estuvo involucrado un autobús que presuntamente no cumplió con las condiciones mecánicas básicas y terminó cayendo al vacío.
La magnitud de la tragedia conmocionó a toda la nación, sobre todo cuando se reveló que, de las 17 víctimas mortales, 16 eran adolescentes que vieron sus sueños truncados en una carretera de Antioquia.
Además de los fallecidos, el incidente dejó 20 personas heridas, convirtiéndose en uno de los episodios más oscuros y dolorosos registrados recientemente en el país.
17 personas perdieron la vida en el accidente. Foto:Las redes sociales y Jaiver Álvarez – EL TIEMPO
Ante tales hechos, la autoridad de inspección, vigilancia y control del sector transportey activó un protocolo de actuación inmediata para determinar cómo un vehículo en dudosas condiciones podría obtener la autorización legal para circular por las vías nacionales.
Las verificaciones realizadas por SuperTransporte arrojaron hallazgos que preocupan por la negligencia que sugieren.
Según el ente de control, el CDA involucrado habría alterado deliberadamente los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes del vehículo involucrado.identificado con las placas SON847.
Antioquia está de luto tras el fallecimiento de 16 jóvenes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello. Foto:Jaiver Nieto Álvarez.
«Según las verificaciones realizadas por SuperTransporte, el Centro de Diagnóstico Automotriz habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular y reportar información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), situación que habría puesto en riesgo directo la vida e integridad de los usuarios de la vía», dijo MinTransporte en un comunicado.
Al profundizar en las pruebas cinematográficas obtenidas a través del sistema SICOV y realizar las verificaciones técnicas pertinentes, los investigadores identificaron una cadena de fallos sistemáticos en el proceso de inspección. Entre las irregularidades más graves se encuentran Deficiencias críticas en la inspección sensorial y en la toma de medidas de la banda de rodadura de los neumáticos, elemento vital para la estabilidad y frenada de cualquier vehículo.
Sorprendentemente se detectó la ausencia total de una inspección exterior que incluyera luces y carrocería, así como la omisión de la inspección interior, desconociendo el estado de elementos básicos de supervivencia como asientos, cinturones de seguridad y salidas de emergencia.
El autobús transportaba estudiantes. Foto:Archivo
La Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue enfática en respaldar la decisión de la Superintendencia, afirmando que esta tragedia nunca debió ocurrir y que el Estado actuará con toda la contundencia necesaria.
«Esta tragedia nunca debió ocurrir. No vamos a permitir que negligencias, irresponsabilidades o irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las vías. La seguridad vial es una prioridad del Gobierno del Cambio y la vamos a defender con decisiones firmes, sanciones ejemplares y acciones concretas», afirmó el ministro.
La sanción impuesta implica no sólo la suspensión de la autorización de la CDA por medio año, sino también su desconexión inmediata del sistema RUNT.
Esto supone que el establecimiento queda totalmente inhabilitado para expedir certificados de inspección y deberá dejar de prestar servicios al público por completo, informando de esta decisión a los usuarios en sus propias instalaciones.
Estas acciones se basan en la presunta violación a la Ley 1702 de 2013, bajo cargos que incluyen la alteración de resultados y el riesgo directo a la vida de los ciudadanos.
