Pablo Flórez Narváez, dirigente deportivo y reconocido líder comunitario, no logró celebrar el Año Nuevo con sus seres queridos. Dos días después de Navidad fue asesinado en el municipio de Arboletes, en el Urabá Antioquia.una de las subregiones más afectadas por la violencia en Antioquia, que a su vez es uno de los departamentos con más casos de líderes sociales asesinados.
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El cuerpo de Flórez Narváez fue encontrado la mañana de este jueves al interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Agustín, por sus propios familiares, quienes enfrentaron un escenario de extrema violencia. Según información preliminar, La víctima presentaba más de 20 heridas provocadas por arma cortante, nivel de brutalidad que ha generado una profunda conmoción entre la comunidad y las autoridades locales.
Pablo Flórez Narváez, líder social asesinado en Urabá Antioquia. Foto:Redes sociales
La Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la República se hicieron cargo de la investigación del crimen, pero hasta el momento no ha habido detenciones ni se ha establecido un móvil claro. A medida que avanzan las investigaciones, Arboletes despide a un dirigente que dejó su huella en el deporte y cuya muerte se convirtió en el último caso registrado de una larga lista de homicidios que dejó el año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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En 2025, Al menos 187 líderes sociales fueron asesinados en diferentes regiones del país, según el balance consolidado de casos registrado mes a mes. Las cifras muestran una violencia persistente, concentrada territorialmente y dirigida, sobre todo, contra quienes apoyan procesos comunitarios, comunales e indígenas.
Disidentes del frente ‘Dagoberto Ramos’, del ‘Estado Mayor Central’, en un retén ilegal en Cauca. Foto:Joaquín Sarmiento. AFP
Cauca volvió a posicionarse como el departamento más mortífero, con 48 asesinatos, lo que representa más de una cuarta parte del total nacional. Le siguieron Antioquia, con 31 casos, y el Valle del Cauca, con 20. En estos territorios, históricamente disputados por estructuras armadas ilegales, economías ilícitas y redes criminales, el control social sigue siendo un factor central de la violencia. Norte de Santander, con 15 casos, y Bolívar, con 11, completaron el grupo de departamentos con mayores niveles de victimización.
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A nivel municipal, el fenómeno adquiere características aún más alarmantes. Tibú, en Norte de Santander –golpeada por la escalada de violencia que ha mantenido en jaque a la subregión del Catatumbo a raíz de los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN– y Calamar, en Guaviare, encabezaron la lista con ocho asesinatos cada uno. En ambos municipios los crímenes se concentraron en períodos cortos, lo que sugiere acciones sistemáticas contra el liderazgo local.
Pobladores y familiares de las víctimas de la masacre en la zona rural de Calamar protestaron. Foto:Mauricio Moreno
El caso Calamar sacudió al país luego de que, en agosto, ocho habitantes de la zona rural fueran encontrados muertos en una fosa común, casi tres meses después de su desaparición. Varios de ellos eran líderes religiosos y, según las investigaciones, fueron asesinados por disidentes armados por provenir de Arauca y ser acusados, sin fundamento, de pertenecer al ELN.
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Cali, con seis casos, aparece como la principal ciudad afectada, mientras varios municipios del Cauca -como Toribío, Páez y Santander de Quilichao- repiten en el ranking, confirmando la presión armada sobre autoridades comunitarias del suroeste colombiano.
Los líderes comunales fueron los más afectados, con 52 asesinatos, seguidos de los líderes comunitarios (44) y los líderes indígenas (39). Juntos, estos tres grupos representan más del 70% de los casos. Se trataba, en su mayoría, de personas que actuaban como portavoces locales, presidían juntas de acción comunitaria, defendían el territorio o lideraban procesos de sustitución, organización social y defensa de derechos colectivos.
También se registraron asesinatos de líderes campesinos (18), políticos (17) y dirigentes sindicales (13), lo que confirma que la violencia no discrimina entre lo social y lo institucional.
Los líderes indígenas también tienen una vulnerabilidad especial. Foto:Juan Barreto. AFP
Marzo y julio fueron los meses más críticos, con 21 asesinatos cada uno, pero enero, febrero, abril y mayo se mantuvieron por encima de los 18 casos. Incluso en el último trimestre del año, cuando históricamente la violencia tiende a disminuir, entre octubre y diciembre se registraron 33 homicidios. El patrón es claro: no hubo mes sin asesinatos ni una tregua territorial visible.
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El balance de 2025 deja una conclusión inquietante. La violencia contra líderes sociales ya no es un fenómeno episódico o marginal, sino más bien un mecanismo estructural de control territorial que persiste a pesar de las alertas tempranas, las promesas oficiales y los cambios de políticas. Mientras los territorios sigan disputándose a sangre y fuego, ejercer liderazgo social en amplias zonas del país seguirá siendo una actividad de alto riesgo, con consecuencias mortales.
Stefanía León Arroyave
NACIÓN
