La carta enviada por Efraín Cepeda, presidente del Senado, no es simplemente una advertencia. Es una advertencia seria, una gran queja que refleja la medida en que el presidente Gustavo Petro ha decidido tensar y amenazar los límites democráticos del país. Bajo la fachada de la consulta popular, el presidente ha llevado a cabo ataques políticos sin precedentes contra la asamblea republicana y utiliza la presión mediática, la central eléctrica y una retórica incendiaria que conlleva amenazas. El hecho de que el presidente del Senado se vea obligado a instar a sus colegas a «no estar asustados» subraya la gravedad de la situación.
En su carta, Cepeda no lanza acusaciones vagas. Describe con precisión un clima político inusual donde las decisiones de la comisión están condicionadas por una manipulación que ha desatendido el diálogo y fomentado colisiones directas. La amenaza implícita de «la gente juzgará» no es meramente un recurso retórico; es un símbolo del autoritarismo que utiliza la bandera y llama a la movilización popular como un mecanismo de presión. Esta estrategia política socava el pensamiento democrático y busca imponer una forma de autogobierno donde las decisiones de las autoridades públicas se alineen con la voluntad personal del presidente.
El Congreso no es un estorbo; es un elemento en contraposición. Esa es la esencia de la democracia representativa: la existencia de poderes que se supervisan mutuamente para evitar cualquier exceso de autoridad. Lo que está en juego con la ofensiva de este presidente no es solo una consulta popular, sino el principio fundamental del equilibrio de poder. Petro parece concebir la democracia como un medio unidireccional para alcanzar sus propios fines y, cuando se enfrenta a un sistema institucional que no le favorece, no duda en acusar de corrupción o abuso de poder, dejando tras de sí un ambiente democrático que exige ser respaldado.
No se trata de salvaguardar al Parlamento en su integridad, un órgano que, como cualquier otro, tiene sus carencias, sino de alertar sobre una peligrosa narrativa pública que busca desacreditar sistemáticamente cualquier forma de control. El Secretario General ha realizado discursos que intentan minar la legitimidad del marco legislativo, del poder judicial e incluso de los medios de comunicación. En su carta, Cepeda identifica correctamente esta tendencia como choques democráticos: sustituir el debate argumentativo por la amenaza, la convicción por la presión social y el equilibrio institucional por decisiones autoritarias.
Es innegable que Colombia enfrenta problemas sociales profundos que demandan reformas estructurales. Sin embargo, dichas reformas deben surgir de la solidaridad y no a través de métodos de chantaje institucional. La consulta popular, administrada por un gobierno que no ha obtenido una mayoría clara en el parlamento, podría utilizarse como un recurso paralelo a decisiones que no hayan pasado por el filtro democrático propio de la legislatura. Esto es aún más preocupante si se considera que se envía un mensaje riesgoso a aquellos que se atrevan a oponerse al poder del estado, quedando peligrosamente fuera del marco de las normas republicanas.
La necesidad de que el presidente del Senado recuerde que «el Congreso ha atravesado por la mafia, el paramilitarismo y los guerrilleros» pone a Petro en una comparación negativa e incómoda. En una democracia, nadie debe recurrir a métodos que exacerben la violencia y la coerción. Si el presidente siente que debe presionar al Parlamento como si fuera un enemigo interno, es porque no está manejando el respeto a los marcos institucionales, sino que promueve una polarización duradera. Esto es una característica que reduce drásticamente la calidad de la gobernanza.
La historia nos ha enseñado que una democracia no colapsa de un día para otro. Se erosiona lentamente, cuando los controles se debilitan y cuando la legislatura comienza a ser vista como antagonista. La advertencia encendida por Cepeda no puede pasar desapercibida, no solo para él o su partido, sino por lo que representa institucionalmente: un Congreso en situación vulnerable.
Los ciudadanos también desempeñan un papel crucial en este momento de crisis. No se pueden dejar seducir por sermones simplistas que promueven al Parlamento como un obstáculo en el camino de la reforma. El debate legislativo es inherentemente incómodo, pero es esencial para evitar una concentración indebida de poder sin el correspondiente marco de gobernanza. Defender al parlamento en este contexto significa proteger la pluralidad, la libertad de expresión, la justicia y el razonamiento democrático.
Si este gobierno desea transformar a Colombia, debe hacerlo con respeto hacia la democracia y no a expensas de ella. Porque cuando el Congreso es acallado, la sociedad se paraliza ante el miedo. Colombia no fue concebida para someterse a ningún poder, por legítimo que se considere.
Xg
