Recientemente, ha surgido una noticia significativa respecto al Peaje de Arroyo de Piedra, ubicado en el municipio de Luruaco (Atlántico). Se ha confirmado que el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla ha dictado un fallo que exige la realización de una consulta previa antes de continuar con la construcción de esta obra. Esta decisión se tomó en respuesta a una acción de tutela presentada por diferentes comunidades locales.
El recurso legal fue planteado específicamente por consejos comunitarios que representan a grupos como Negro, afro-colombiano, Raizales, comunidades de Palenqueras, así como también a comunidades indígenas que habitan en la región. Sin embargo, esta iniciativa fue considerada inadmisible en la segunda instancia por el tribunal, que argumentó que los accionistas no lograron demostrar con evidencia suficiente la falta de gestión en el proceso de consulta previo a la construcción.
Este proyecto se desarrolla dentro de la jurisdicción de Luruaco (Atlántico). Foto:Tomado de x: @alfredavarelad
El tribunal, en su fallo, subrayó que la existencia de una «protección constitucional especial» no es, por sí sola, un motivo válido para eludir la necesidad de actuar de forma inmediata en el ámbito de las consultas previas. Además, se destacó que la comunidad no pudo demostrar que el peaje tendría efectos culturales que afectaran sus creencias, costumbres y forma de vida.
Más detalles sobre el caso
Es importante recordar que esta admisión de la tutela se dio a conocer a principios de este año, cuando el Segundo Tribunal Penal del Circuito Sabanalarga aceptó la causa presentada por el congresista Gersel Pérez. Él argumentó que había un incumplimiento en la realización de la consulta previa obligatoria con las comunidades afectadas.
Se han programado días de socialización en Arroyo de Piedra por parte de las entidades involucradas. Foto:Archivo privado
La tutela fue respaldada por las mencionadas comunidades étnicas y estaba dirigida contra múltiples entidades gubernamentales, incluido el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, la Concesión de la carretera de las Carreteras del Caribe, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Dirección de la Autoridad Nacional encargada de la consulta previa.
El congresista Pérez ha insistido en que la violencia a la Ley 21 de 1991, que establece la obligatoriedad de la consulta previa cuando las decisiones afectan a minorías étnicas, es un claro ejemplo de cómo se han obviado los derechos de las comunidades.
La respuesta de la comunidad
Tras la decisión del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, la comunidad reaccionó expresando respeto por la determinación del tribunal, pero también enfatizaron que no se ha considerado adecuadamente el impacto económico que tendría el funcionamiento de un peaje en una zona donde viven comunidades de bajos ingresos. Esto generó grandes preocupaciones en cuanto a la viabilidad económica y social del proyecto.
Portavoces de estas comunidades han advertido sobre la posibilidad de nuevas manifestaciones y bloqueos de caminos como forma de protesta contra el establecimiento del peaje en el Departamento de Atlántico. Asimismo, además de su descontento hacia este proyecto, han surgido protestas en contra de la operación del peaje de Savanagande.
La región ha sido escenario de numerosas protestas relacionadas con peajes. Foto:Cortesía
A mediados de marzo, algunos ciudadanos decidieron llevar a cabo un bloqueo en la rotonda de la ruta nacional, donde con el apoyo de un taxista que estacionó su vehículo en el lugar, los manifestantes hicieron sentir su voz. Los participantes comenzaron a llegar desde temprano, reiterando su rechazo a la operación del peaje de Sabanagande. La protesta fue visible con camisetas rojas y carteles que portaban mensajes como «¡Tarifa cero!» mientras ondeaban banderas de Colombia.
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Deivis López Ortega
Corresponsal de El Tiempo
Barriga
