La Oficina de Abogado General ha llevado a cabo la presentación del control de la garantía en relación con el caso de Samuel Darío Arcia, también conocido como Cangrejo, y David Alberto Pacheco López, conocido como Casarrubia. Esta acción se enmarca dentro de la investigación de un ataque armado dirigido contra dos policías nacionales en Montería, Córdoba, un hecho que ha generado gran preocupación en la comunidad y en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
A través de este proceso, se ha determinado que ambos individuos están vinculados a la subestructura criminal conocida como «Bahía». Aparentemente, su objetivo era integrar a Yepes Javier en esta organización delictiva. Fueron capturados mientras transcurrían por el vecindario Santander, donde, según los informes, intentaron localizar y preguntar por la disponibilidad de dos uniformes específicos de la policía. Esto revela la planificación meticulosa de su intención de llevar a cabo actos violentos dentro de la región.
Durante el proceso de captura, las autoridades se incautaron de un arsenal significativo que incluía dos revólveres, además de municiones correspondientes a los calibres 32 y 38 milímetros. También se recolectaron evidencias que se relacionan directamente con la intención de las agrupaciones armadas ilegales de promover acciones en contra de la fuerza pública. En total, las pruebas incorporadas al caso son inquietantes, ya que demuestran cómo estas organizaciones continúan operando con impunidad en algunas zonas del país.
En respuesta a estos delitos, el fiscal de gestión especializada contra organizaciones penales ha formulado cargos relacionados con la producción, tráfico, uso o posesión de armas de fuego, así como la posesión de accesorios y municiones. Sin embargo, esta acusación no ha sido aceptada por los implicados, quienes han mantenido su postura de inocencia, intentando desmarcarse de las graves acusaciones que se les han imputado.
Por su parte, el juez penal encargado de la revisión de la garantía ha decidido imponer una medida de aseguramiento que implica la prisión de los acusados. La decisión del juez no solo refleja la gravedad de los cargos, sino que también busca garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir futuras acciones delictivas por parte de estos individuos.
No es un secreto que ambos acusados cuentan con veredictos actuales en su contra por estar involucrados en crímenes relacionados con una serie de delitos más graves. En particular, se menciona que alias Casarrubia había recientemente obtenido un beneficio de libertad condicional, algo que ahora plantea serias interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de justicia y de reinserción social en el país.
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