El Oficina de Abogado GeneralAbrió una investigación temprana contra la Secretaría de Seguridad para la seguridad, la coexistencia y la justicia del Bogot, por las presuntas irregularidades en el contrato del SCJ-19904-2023, cuyo propósito es instalar la video vigilancia de la cámara LPR, por un valor cercano a 14,339 millones de dólares.
Según el ministerio público, solo se instalan 50, que es solo el 25% del componente principal del proyecto.
La Autoridad de Control Disciplinaria también dice que, hasta hoy, el progreso físico se ha informado del 68.5%, con la ejecución del presupuesto del 50%, pero de 200 empleados. Las acciones exploradas por la oficina del fiscal tienen que ver con la mala planificación y no un fracaso técnico no planificado; Tres extensiones y tres suspensiones sin apoyo presupuestario; Contratación de controversias por más de dos mil millones de dólares y reemplazo de revisión, con supervisión interna de la misma secretaría, sin soporte técnico.
Se ordenó la práctica de la evidencia para determinar si los hechos forman delitos disciplinarios y determinan las responsabilidades del sujeto.
