
Bogotá, 7 de junio de 2025. El presidente Gustavo Petro ha trasladado al comité político francés de la nación. Esta vez, con una obra que podría redefinir los límites del poder presidencial contra el Parlamento Parlamentario. Después de conocer un fallo judicial que requiere una resolución del proceso de consulta popular en el Senado, el presidente no esperó a esperar, sino con acciones:
La situación, que puede parecer tecnología legislativa, se ha convertido rápidamente en un pulso entre el poder. Lo que estaba bajo consideración fue la apelación presentada por la diputada del Senado Maria José Pizarro (Tratado Histórico) después del cierre de la votación en el Senado, que se hundió en la iniciativa del gobierno de presentar su programa de reforma para una consulta popular. Un juez descartó que esta apelación se resolvió formalmente. Pero la interpretación de Petro fue mucho más ambiciosa.
En una ceremonia para el surgimiento de la Marina Cartagena, el presidente dijo que «un juez ha protegido nuestro derecho a las consultas populares y órdenes de repetir los votos del Senado». Aunque esta declaración no corresponde al contenido literal de la decisión, fue suficiente para justificar lo que llegó más tarde: inmediatamente una llamada a su gabinete para completar la información sobre el fallo que llamaría al país a las encuestas, sin esperar la respuesta institucional de la Asamblea.
Inferior de la disputa: más que procedimiento
En el medio de estas disputas, existe un acuerdo democrático que, aunque previsto en la Constitución, requiere un procedimiento claro: la firma del Parlamento para solicitar una consulta popular. El año pasado, el Senado había cerrado el debate sin aceptar la iniciativa. El diputado del Senado Pizarro apeló y declaró que sus derechos fueron violados para intervenir. El fallo de la corte le dio lo correcto, pero no amenazó el voto ni se le ordenó repetirlo. Simplemente solicitó que la apelación tenga lugar de acuerdo con las reglas internas de la legislación.
Aun así, de la Comisión, se ha basado un informe sobre barrera institucional. En palabras del ministro del Interior, Armando Benedetti, lo que sucedió en el Senado «Gildra» por su presidente, Efrain Cepeda, en el Partido Conservador. «El juez de la República ha dicho recientemente que Maria José Pizarro ha sido violada por el derecho a la justicia (…) Ephrain Cepeda engañó», dijo Benedetti.
Sin embargo, el presidente del Senado respondió firmemente. En un documento público, informó que el Pizarro, como Pizarro, no tenía base legal, porque no era natural y no se basaba en la decisión del presidente del Senado, como lo exige la regulación. Para Cepeda, no existe una base legal para invalidar lo que se hace o repetir el voto.
Petro apuesta por la parte principal
La consulta popular ha sido como el presidente Manga Petro desde que comenzó a enfrentar un Congreso reacio con su reforma de planificación. La salud, las pensiones y el trabajo son tres de los pilares que la legislatura ha detenido o cambiado profundamente y crea resentimiento en la comisión. La consulta aparece como la forma para que los ciudadanos apoyen directamente la reforma y el control del Parlamento.
Petro ha exigido que el «papel principal», el pueblo, tenga que tener la última palabra sobre los derechos fundamentales y las transformaciones sociales propuestas por su gobierno. Pero cuando el proceso se aceleró y se esfuerza por activar la consulta sin haber completado los pasos institucionales, abre un profundo debate sobre la legitimidad y la legitimidad de los métodos.
La firma de la decisión presidencial, que aún no se ha hecho pública oficialmente, se prepara en un panorama legal incierto. Si se especifica sin el apoyo de la Asamblea, será inmediatamente parte de los requisitos para el Consejo de Estado y finalmente una revisión constitucional. Los tribunales pueden verse obligados a definir si el Secretario General puede limitar en su propia consulta popular sin la autoridad de la Legislatura.
Conflicto para desarrollar poder?
La decisión del presidente, en el contexto actual, no solo es política. Es una declaración de principios contra un modelo institucional que considera cansado y que según él, los cambios que necesita el país. Para Petro, lo que está en juego no es solo un voto: es la voluntad de la gente frente a la élite política que, a su juicio, teme la transformación.
Pero para la oposición, una gran parte del parlamento y el sector legal en el país, lo que viene es una posible colisión. Si Petro actúa con la Directiva, sin respetar la legitimidad del procedimiento parlamentario, el Parlamento estaría frente a las cuerdas abiertas y emocionantes de la estructura constitucional.
En este nuevo capítulo del gobierno en el tratado histórico, la consulta popular no solo será una herramienta para la participación, sino un signo de la lucha entre dos poder: la que proporciona procedimientos democráticos institucionales y lo que está comprometido con el mandato directo de las encuestas de opinión, incluso si involucra
Aunque el fallo de la corte requiere que la apelación se resuelva en 48 horas, el Secretario -General acelera una forma de confirmar su tarea para la opinión pública. La pregunta clave es si el país se enfrenta a una búsqueda legítima de la participación de los ciudadanos o frente al movimiento para empujar reformas fuera de la democracia habitual.
Sin embargo, la verdad es que los próximos días serán decisivos. Si el nombramiento se firma sin el consentimiento de la legislación, los enfrentamientos políticos y legales serán inevitables. Colombia, nuevamente, aborda las violaciones institucionales.