en eso magdalenael mensaje fue claro: los máximos dirigentes de las Autodefensas Conquistadoras de Sierra Nevada (ACSN) no pueden ser tocados por la fuerza pública. No por falta de pruebas, ni por ausencia de operaciones, sino porque el propio Estado decidió suspender sus capturas en nombre de un proceso de paz que, meses después del fin del gobierno del presidente Gustavo Petrono muestra avances verificables.
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La escena ocurrió el martes 23 de diciembre en la zona rural de Santa Marta y Duró apenas cuatro horas. Tiempo suficiente para pasar del que sería el golpe más importante del año contra esta estructura armada, a un episodio de frustración institucional que puso de manifiesto la fragilidad del modelo de negociación aplicado en Sierra Nevada.
La operación que cayó
Unidades especializadas de la Policía Nacional de Colombia interceptaron un camión en la Troncal del Caribe, cerca de la localidad de Guachaca, zona rural de Santa Marta. En el vehículo se movía José Luis Pérez Villanuevaalias Cholo, identificado por las autoridades como el actual máximo líder de la ACSN y jefe de una estructura criminal con más de mil hombres bajo su mando.
Los defensores de los derechos humanos exigen avances verificables en el proceso de paz. Foto:Cortesía
El procedimiento fue silencioso, sin disparos ni resistencia. Alias Cholo fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a una base Antinarcóticos en Santa Marta, donde se activaron protocolos judiciales. Para los organismos de inteligencia se trató de un golpe estratégico contra el control territorial y las economías ilegales que este grupo ejerce en Sierra Nevada y municipios aledaños. Pero el golpe nunca se concretó.
La resolución que ordenó su liberación
Durante la verificación jurídica, las autoridades encontraron un obstáculo definitivo: la Resolución 0-0337 A del 20 de noviembre de 2025, mediante la cual la Procuraduría General de la República amplió el suspensión de órdenes de aprehensión contra Pérez Villanueva.
La medida se mantiene vigente por su condición de vocera del espacio de conversaciones sociojurídicas entre la ACSN y el Gobierno Nacional. Pese a los procesos en su contra por homicidio, extorsión, sicariato y control criminal, La policía no tuvo otra alternativa que liberarlo.
“Fue una verificación jurídica clara. Hay decisiones del Estado en el marco de la paz que deben ser respetadas“, dijo Cristian Morelli, abogado defensor de alias Cholo.
La liberación generó un profundo malestar entre los organismos de seguridad, quienes reconocieron que el procedimiento cumplió con la ley, pero dejó un devastador impacto operativo y simbólico.
Altavoces blindados
Alias Cholo no es una excepción. La suspensión de las órdenes de detención cubre otros cabecillas como Freddy Castillo Carrillo (Pinocho), Loryin Emilio Pertuz Ballestas (Sebastián o york), Orlando Pérez Ortega (pataliso), Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.
Este grupo armado se mantiene con más de mil hombres fuertemente armados. Foto:Cortesía
Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor o el Narco Influencer, uno de los cabecillas más visibles de la estructura, por quien la Policía incluso ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos y que Está entre los más buscados en La Guajira.
Todos fueron reconocidos oficialmente como portavoces del proceso, con el objetivo -según los documentos- de verificar su voluntad de avanzar hacia el Estado de derecho y construir la paz en los territorios. Sin embargo, sobre el terreno la violencia no ha cesado.
“La impunidad se volvió funcional”
El defensor de los derechos humanos Norma Vera Salazar ha sido una de las voces más críticas respecto a este escenario. Para ella, el suspensión de capturas Sin resultados concretos, ha permitido que los cabecillas sigan operando con total impunidad.
“No hay avances reales en las conversaciones, mientras estos patrones continúan ordenando extorsiones y asesinatos. Urge que el Gobierno defina qué va a pasarporque los ciudadanos siguen pagando el costo”, afirmó.
Las cifras refuerzan la denuncia: desde el anuncio del “cese unilateral de operaciones” de la ACSN, el 13 de junio, se siguen desatando homicidios a manos de sicarios en Santa Marta, sin que exista un mecanismo de verificación independiente que garantice su cumplimiento y transparencia.
El reclamo de Santa Marta
El Alto Consejero para la Paz y la Oficial de Posconflicto del Distrito, Jennifer del Toro, advirtió que el tiempo se acaba y que el proceso no puede continuar en el limbo legal.
“La Alcaldía Distrital ha apoyado la política de paz, confiando en la promesa de lograr el sometimiento de estas organizaciones y la transformación social del territorio. Pero hoy, con preocupación, vemos que ninguna de ellas se ha cumplido.”, anotó.
En Sierra Nevada, varios miembros de la ACSN tienen suspendidas sus órdenes de detención. Foto:Cortesía
Del Toro insistió en tres puntos clave que, según la administración distrital, no han sido abordados por el Oficina del Alto Comisionado para la Paz: fortalecer la capacidad de la fuerza pública y de la Fiscalía, crear un mecanismo de seguimiento independiente y ejecutar inversiones sociales integrales para atacar las causas estructurales de la violencia.
El propio presidente Gustavo Petro ha advertido que Santa Marta enfrenta un asedio subversivo. Desde el territorio, la lectura es aún más cruda: la ciudad y el norte del Magdalena siguen atrapados en una disputa entre grupos armados, mientrasSus principales jefes siguen siendo legalmente intocables.
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Alias Cholo acabó convirtiéndose en el símbolo de aquello contradicción: un hombre que para el proceso de paz es un gestor protegido, para las autoridades un objetivo prioritario, y para los ciudadanos la prueba de que el golpe más fuerte del año cayó en apenas cuatro horas.
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Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
