Los grupos de autodefensa conocidos como AGC de Gaitanista, también referidos a veces como el grupo de clanes del Golfo, continúan con su alarmante estrategia de extorsionar a los contratistas de las obras civiles que se ejecutan en Sucre y Córdoba. Estas acciones delictivas ocurren a cambio de promesas de no atacar a los operarios involucrados o de no dañar el equipo y maquinaria utilizado en las obras.
A pesar de las recientes capturas de líderes, jefes de zona, y otros miembros significativos de la organización en ambos departamentos, el patrón de extorsión persiste. Las tácticas de amenaza y coerción se repiten incansablemente en varios frentes de trabajo, generando un clima de miedo y desconfianza.
Las comunidades, a su vez, son las más perjudicadas en este complejo juego de poder. Ellas observan frustradas cómo los proyectos de infraestructura que siempre han soñado no avanzan y el progreso que anhelan parece nunca llegar.
Varias máquinas han sido incineradas en las zonas rurales de Sahagún y San Marcos debido a estos actos de violencia. Foto:Redes sociales
Cuando un contratista cede ante la presión, el pago que se exige puede alcanzar sumas millonarias para la organización criminal, o puede implicar la protección de los trabajadores y la salvaguarda de la maquinaria amarilla que se emplea en las obras.
Un líder comunitario, que prefiere permanecer en el anonimato, comparte su frustración al mencionar: «No comprendemos cómo este grupo, que sostiene defender a las personas, comete actos que perjudican a quienes vivimos aquí. Los ataques y las extorsiones nos privan de las obras necesarias. Esto solo causa daño a la gente y sus esperanzas.»
Poblaciones en la ruta de AGC
Los funcionarios de las administraciones locales y departamentales han comenzado a reconocer que en Sucre y Córdoba, miembros del Clan del Golfo se desplazan a diferentes poblaciones para ubicar proyectos de construcción que están en ejecución o en fase de inicio.
Uno de los métodos que utilizan consiste en identificar a los contratistas y, una vez ubicados, confrontarlos personalmente. Les proporcionan un número de contacto de un líder regional quien se encargará de negociar la cantidad de dinero que deberán pagar para que les permitan continuar con sus trabajos.
El Ministerio de Infraestructura de Sucre ha informado en varias ocasiones que, ante estas situaciones de amenaza, la instrucción es detener las obras, evitando así los pagos de extorsión.
Como respuesta a esta crítica situación, las entidades de seguridad, incluyendo el Grupo Gaula de la Policía, la Marina Nacional y el Ejército, han comenzado investigaciones para asegurar la protección de los contratistas y permitir el reinicio de las obras.
Un portavoz de estas fuerzas de seguridad señala: «Cuando hay una sólida presencia policial en las áreas de trabajo, las obras pueden reanudarse sin problemas.»
Sin embargo, hay casos en que, aprovechando la oscuridad de la noche o las primeras horas de la mañana, los delincuentes optan por prender fuego a la maquinaria, causando pérdidas económicas significativas.
Las fuerzas militares han incrementado su presencia en la región afectada. Foto:Redes sociales
Se ha reportado que este tipo de incidentes ha ocurrido en varias ocasiones en áreas rurales de Sahagún, Córdoba, donde numerosas máquinas han sido destruidas mediante fuego. De igual manera, en el pueblo de El Llano, en la zona rural de San Marcos, en San Jorge Sucreño, las máquinas destinadas a obras de pavimentación también fueron completamente consumidas por las llamas.
Para retomar los trabajos en esta área, la administración municipal de San Marcos se vio obligada a acudir a las autoridades y militarizar la zona para garantizar la finalización de la obra.
La extorsión también afecta áreas urbanas
Las extorsiones no se limitan solo al ámbito rural; también han permeado áreas urbanas donde el Clan del Golfo lleva a cabo sus actividades. De hecho, muchas obras en Sincelejo y Corozal han requerido el respaldo de las autoridades para poder finalizarse.
Un claro ejemplo es el puente panel de paneles de tala en la entrada del municipio de Corozal, que estuvo detenido durante varios meses debido a estas presiones. Similarmente, en el vecindario Libertad de Sincelejo, se requirió la presencia militar en las calles para poder concluir las obras.
La situación es preocupante y parece que, a pesar de los esfuerzos realizados, las extorsiones continúan sin cesar, dejando claro que los controles establecidos por las autoridades han sido, en gran medida, insuficientes.
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Sucre
