Es fundamental reconocer que hemos llegado al final de la Orden Constitucional 91, la cual ahora es sustituida por los paraltiales que dependen del dinero. Gustavo Petro ha demostrado que no existen mecanismos efectivos ni sanciones reales que puedan obligar al Presidente a cumplir con la Constitución. Transcurridos solo unos meses, ya se ha logrado romper los sobornos que influían sobre la fuerza institucional.
El gobierno actual tiene la capacidad de movilizar a los milicianos para ejercer presión sobre el Congreso o cualquier otro poder del Estado; también puede debilitar el sistema de salud y poner en riesgo su función principal, que es asegurar la seguridad de la población. Además, en un acto que podría interpretarse como desesperado, ha llevado a su propio sector petrolero a la quiebra frente a sus opositores. Petro se ha dado cuenta de que tiene la posibilidad de cambiar las reglas del juego, y efectivamente, lo ha hecho.
El error estratégico de la oposición radica en la creencia errónea de que la situación volverá a la normalidad, y que este gobierno finalizará en el año 2026. Este año, según ellos, permitiría reparar el daño infligido y restablecer el orden anterior. En su obra clásica sobre economía política, Gordon Tullock plantea que la idea de un estado benevolente es una falacia; más bien, los votantes y burócratas actúan siempre en función de su propio interés, lo que conduce a fallas de mercado. En ese sentido, se puede afirmar que la Constitución de 1991 ha revertido el modelo populista del pacto histórico de Ultras.
Frases como «la soberanía reside exclusivamente en las personas» o la noción de «Colombia como condición social» se convierten en conceptos mágicos, donde se confunden derechos sociales y leyes. Este ideal, que se manifiesta en lo social y popular, se coloca por encima de la ley; desde este ángulo, el gobierno actual actúa en plena consonancia con el espíritu de la Constitución anterior.
Nos encontramos en un estado crítico, posterior a laséries de disoluciones en el que las ciudades de facto han establecido un dominio regional que se opone al gobierno central. Este último se manifiesta en territorios a través de la colaboración con organizaciones delictivas, empresarios electorales y complejas redes de corrupción. Tal dinámica redefine lo que entendemos por poder territorial y transforma a un benefactor centralista en el estado que los votantes de 1991 habían imaginado, un estado de territorios autónomos.
Colombia lleva años enfrentándose a una serie de ciudades estatales que se han consolidado en áreas grises, donde el poder es administrado por criminales. La legalidad y el orden estatal han dependido más de la esencia civil en las ciudades que de la capacidad efectiva del gobierno central para hacer cumplir la ley. Más allá de esta realidad, aceptar estas consecuencias políticas significa reconocer el pacto social que afirma que la Constitución fue mal interpretada. Por tanto, es urgente establecer un nuevo orden.
Es imperativo volver a centrarnos en las personas, en los ciudadanos, en el individuo; es necesario admitir que la soberanía pertenece al individuo. Sin embargo, toda clase de parásitos—ya sean partidos políticos, grupos criminales o burócratas—han negado esta realidad, tratando de convertir al individuo en una masa anónima.
El petrismo ha extremado esta dinámica, pero no ha logrado crear ciudadanos libres; en su lugar, muchos se sienten despojados de su legitimidad y de su capacidad política. Como afirmó Curtis Yarvin en una reciente reflexión sobre la «ilustración oscura», quienes ostentan el poder han destruido el pacto social; no obstante, solo los ciudadanos pueden forjar un nuevo pacto, y este ya está delineado en las bases de nuestras instituciones y en la voluntad del pueblo.
Jaime Arango
