Vastos terrenos en el área de corregimientos de Cali, entre ellos, Navarro, al suroriente de la ciudad; Los Andes, El Saladito, La Buitrera, Pance y una montaña entera en Golondrinas, estos cinco últimos, al noroccidente y al suroccidente de la capital vallecaucana, con áreas del parque natural Farallones, así como zonas urbanas en inmediaciones de Altos de Menga, un área montañosa del norte caleño; la laguna de El Pondaje, el jarillón del río Cauca, Cristo Rey y el puente de los Mil Días, son parte de un mapa escalofriante de invasiones, muertes y mafias.
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También lo son, propiedades en el oeste, en el centro, en el oriente y en el norte del casco urbano de Cali.
Son disputas en más de 20.000 hectáreas, casi la mitad del tamaño de una ciudad intermedia del país.
Detrás hay narcotraficantes, grupos armados, inclusive vinculados con carteles mexicanos y otras estructuras del crimen organizado o particulares con gran poder adquisitivo, dedicados a la minería, tanto de oro, como de carbón, con edificaciones en terrenos que la Alcaldía viene reclamando como de uso público, en las goteras de la ciudad, además del sur, en el centro, en el oriente y en el norte de Cali.
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Las invasiones a lo largo de los 26,1 kilómetros del jarillón del río Cauca, además de zona de El Pondaje, en el distrito de Aguablanca se vienen presentando desde hace medio siglo y el fenómeno persiste, además de que sigue presentándose en áreas de los Farallones, en el occidente, noroccidente y suroccidente de esta capital, donde están los corregimientos de Los Andes y Golondrinas, y en zonas aledañas a los cerros emblemáticos de las Tres Cruces y Cristo Rey.
Una montaña con litigios y reclamos
Solo en Golondrinas habría un número superior de 1.000 estructuras en áreas que pertenecen al distrito de Cali, así como otras en tierras de alto riesgo no mitigable, es decir, donde es prácticamente imposible construir por la inestabilidad de los suelos que puede generar derrumbes.
Y es en Golondrinas, donde, la Alcaldía de Cali viene desde hace casi dos años en litigios judiciales que aún no terminan.
La impresionante mansión en Cali de un invasor. Foto:Alcaldía de Cali
Desde marzo de 2024 se iniciaron las acciones de la Administración, la cual argumenta que un terreno de 50.000 metros cuadrados, equivalente al tamaño del estadio olímpico Pascual Guerrero, escenario del sur de la capital vallecaucana, es del municipio y no del dueño de una carbonera que viene señalando ser su dueño legítimo.
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Se trata de un empresario, quien a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO señaló: «Siempre ha sido un predio privado. Así lo ratificó un juez, quien decretó la sana posesión del bien desde hace más de 30 años. Y ahora el inspector del corregimiento, saltándose la orden del juez ordenó el desalojo, a pesar de que afuera del predio hay una valla con la decisión judicial».
La impresionante mansión levantada por un invasor de tierras públicas. Foto:Alcaldía de Cali
Sin embargo, la Administración distrital adelantó el respectivo proceso de restitución del predio, el 17 de septiembre pasado. El operativo se cumplió, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, con el acompañamiento de autoridades de Policía y del corregidor de esta localidad en las goteras de Cali.
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En la Alcaldía enfatizaron en que la orden se hizo respaldada por la ley y tutelas falladas en contra de quien había construido una mole de tres pisos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la ciudad.
Para la actual Alcaldía, es una invasión o una posesión de tierras en esta zona de Golondrinas, donde suelen haber quemas de áreas montañosas. Detrás de esas quemas hay mafias que venden lotes a familias por 8, 10, 15 y hasta 20 millones de pesos que quieren levantar su vivienda, como los acostumbrados cambuches.
Esta vez, según la Alcaldía de Cali, los primeros llamados por el gigantesco predio de Golondrinas se llevaron a cabo en marzo de 2024, luego de recibir denuncias a finales de 2023 sobre quien viene insistiendo en que es su propietario, mediante ya una decena de tutelas. La construcción no era rústica de madera o guadua con plástico.
En el último año, la mole de tres pisos, que abarca 1.200 metros cuadrados, fue tomando forma en ese predio con piscina, jacuzzi, amplios ventanales con balcones y parqueaderos. Tiene palmeras sembradas a unos pasos de la piscina, palmeras que no son propias de la región.
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Hay, además, una segunda construcción. Cuando la obra empezó, había una extensa vegetación y árboles que habrían sido derribados o erradicados mediante quemas.
Fue así que la Secretaría de Seguridad de Cali pidió un concepto a la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), como autoridad ambiental, con potestad en áreas rurales, pues el Departamento de Gestión del Medioambiente (Dagma) es autoridad dentro del casco urbano de Cali.
En esta historia, el abogado del empresario en esta disputa había dicho a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que una cooperativa entregó en 2004 cuatro predios en dación de pago a la Alcaldía de Cali, entre ellos, el terreno donde está la mole de tres pisos. Aseguró que en 2015 su cliente había comprado dicho predio por 8 millones de pesos, pero al año siguiente, el inmueble, supuestamente, tomó el carácter de bien público.
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Sorprende el argumento de que la Alcaldía, por un lado estaba en trámites para que el terreno fuera público y que, por el otro, desconociera que un particular lo habría comprado.
EL TIEMPO indagó en la Alcaldía, donde ratificaron que el predio sí fue entregado en dación de pago y que es público, en medio de más demandas interpuestas por el empresario, algunas, según la Alcaldía, falladas a su favor y que por ello, con el corregidor y la Policía se cumplió tal restitución.
La disputa por predios de la 66, en el suroeste, también bajo restitución por la Alcaldía
A los 58 días del operativo, el abogado del hombre que alega ser el dueño de la mansión en Golondrinas fue asesinado.
Este mismo litigante también habría tenido apoderados en disputas de más terrenos, como Andrés Mateo Orjuela Cobo, hijo de Jaime Orjuela Caballero, quien tuvo vínculo con el ‘cartel de Cali’ y había sido asesinado en 2002, en similares circunstancias al del corregimiento de Golondrinas: en proceso de restitución por ser de uso público por parte de la Alcaldía, pero en zona de la ladera, en el suroeste de Cali, en inmediaciones de la carrera 66 con calle primera.
Esta es una zona del sector de La Reforma, de camino al corregimiento de La Buitrera. Este corregimiento también está afectado por invasiones y ventas de terrenos ilegales, en especial, cerca del cerro La Antena, con ascensos de camionetas de alta gama, como se viene denunciando desde 2023.
Ese año fue la época de grandes incendios forestales, provocados en La Buitrera, como práctica para eliminar vegetación y disponer de lotes por ilegales, buscando que familias vulnerables los ocuparan, en una acción coordinada y simultánea para causar más incendios, pero en las montañas de Altos de Menga, sector del norte caleño, donde se consumieron más de 250 hectáreas de bosques. Altos de Menga está distante del corregimiento de Golondrinas, por unos 8 kilómetros. El trayecto dura una media hora.
Sobre esa disputa por los lotes de la carrera 66, el difunto abogado se había reunido el 14 de noviembre de este 2025 con el hijo de Jaime Orjuela Caballero en una heladería de la avenida Sexta Norte de Cali. Ambos fueron asesinados juntos, en el local, en aquel viernes.
Pero el mismo abogado aparece en una denuncia por presunto secuestro simple, que interpuso contra él la exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez, de 55 años, y quien vivía en zona de Altos de Menga, en la ladera del norte de Cali. La denuncia se debía a una presunta retención en una camioneta para hablar de los mismos terrenos de la 66, en el suroeste y que ella no debía intervenir. La exjueza habría sido amenazada de muerte, el 5 de septiembre y fue asesinada el 13 del mismo mes.
Familiares del abogado en una carta, publicada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, indicaron que era un hombre que no debe ser cuestionado: «Dejó este mundo en pleno ejercicio de su vocación y pasión como jurista, defendiendo legalmente y acompañando presencialmente a su representado, un ciudadano estadounidense y su familia, cuyos derechos han sido vulnerados en medio del lamentable conflicto armado y criminal colombiano».
La exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez. Foto:Redes sociales.
‘Era una lideresa que defendía a los vendedores ambulantes’
En el Concejo de Cali señalaron que conocían a la exjueza de paz por ser, además, lideresa y defensora de los vendedores ambulantes, pues ella también había sido uno de ellos, en el centro de Cali, donde en el mismo cabildo se indicó que allí hay otra mafia, la del espacio público con ‘arrendamientos de andenes’.
La concejal María del Carmen Londoño rechazó el asesinato de la exjueza de paz, destacando su liderazgo, como también lo hizo el personero de Cali, Gerardo Mendoza.
La lideresa Cruz Magnolia Sánchez fue jueza de paz, en Cali. Foto:Archivo particular, subida por la Personería de Cali
El crimen ocurrió durante un espacio de análisis o mesa técnica con delegados de la Personería que se realizó ese 13 de noviembre para hacer seguimiento a las problemáticas del sector de Alto Menga, en especial, aquellas relacionadas con el acceso al servicio de agua potable y la necesidad de fortalecer la oferta institucional para los habitantes de esta zona de la ladera, en el norte de Cali.
Ante el asesinato, el jefe del ente de control mostró su preocupación por los hechos de violencia que continúan afectando a la ciudadanía y que, en esta ocasión, «fue el atentado contra una mujer que dedicó parte de su vida a la resolución pacífica de conflictos y al trabajo comunitario».
¿Qué pasó con la mansión con jacuzzi y piscina en terreno restituido por la Alcaldía de Cali por ser de uso público?
En la Alcaldía informaron que luego de la restitución del terreno donde está la mansión con jacuzzi, en Golondrinas, por parte de la Secretaría de Seguridad de la ciudad y la Policía con el corregidor, el inmueble volvió a manos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad manifestaron que aunque una demolición era una de las opciones de la Administración sobre el futuro de la mencionada mansión, aún no se ha logrado definir alguna acción específica. El empresario insiste en ser su dueño y acudió a más recursos judiciales que mantienen el proceso paralizado.
No obstante, en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios ratificaron que este es un bien inmueble que fue entregado al distrito en dación en pago. «Por parte de esta Unidad Administrativa se adelantaron todas las acciones investigativas y técnicas para dar claridad sobre la titularidad del mismo». Es decir, que el municipio tuvo la certeza de que es público y no privado.
Una vez, en la Alcaldía tenían esa claridad, «se procedió ante el corregidor de Golondrinas en adelantar la querella policiva, dentro de la cual se ordenó la restitución del inmueble, actualmente, custodiado por la Unidad. Sin embargo, el poseedor ha realizado múltiples acciones legales con el objeto de que a través de la justicia ordinaria se controviertan las acciones adelantadas. En ese sentido, dado que no se ha proferido un fallo judicial definitivo, se ha adelantado la respectiva defensa judicial. Respetuosa de las órdenes judiciales, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios no puede ejecutar acciones hasta que se resuelva el proceso legal». Este fue el informe de una fuente en dicha dependencia.
En zona desde el crucero, en inmediaciones del cerro de las Tres Cruces hasta el cementerio de Golondrinas se han presentado más asentamientos subnormales.
El asesinato de la abogada que defendía a un capo, enlace con el ‘cartel de Sinaloa’. Foto:DT Noticias Cali/Facebook y redes sociales
El asesinato de una abogada que defendía a narco para recuperar predios
Una semana después de los asesinatos del abogado de Mateo Orjuela, quien además, fungió como apoderado del empresario en el caso de la mansión de Golondrinas, y de la exjueza Sánchez, sicarios mataron a la abogada Luisa Fernanda Ramírez Bejarano.
Este crimen sucedió el pasado 21 de noviembre, en la calle 2 con carrera 11, en el barrio El Rosario del municipio de Jamundí. Se desplazaba en el carro de placas QJR-953.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Henry Yesid Bello, informó que la profesional tenía entre sus clientes a alias Tánatos, cuyo nombre es Jesús Hugo Verdugo Chávez, capturado en 2018 y quien fue extraditado a Estados Unidos. Era uno de los enlaces en Colombia con el ‘cartel de Sinaloa’, de México.
‘Tánatos’ era un objetivo de alto valor en una red de narcos que manejaba tecnología de punta en semisumergibles para enviar cocaína desde la costa Pacífica.
El capo ha buscado recuperar los predios en poder de testaferros que suman más de 40.000 millones de pesos en el Valle del Cauca, con Cali; Putumayo y en el Cauca. Dos de esos predios son suntuosas casas en el sur de Cali por 2.600 millones de pesos, en manos de testaferros que son familiares de alias Kabili y de alias Conta, que también habrían sido defendidos por la abogada.
Una de las hipótesis que las autoridades indagan es que la litigante habría quedado en medio de la disputa del capo y de sus testaferros por dichos predios.
Hasta ahora, la Policía o la Fiscalía no han determinado si los sicarios que asesinaron a ambos abogados son los mismos.
Sin embargo, lo único en común entre ambas víctimas es una presunta relación con estructuras del crimen organizado, en torno a la tenencia y a la adquisición de terrenos, de manera irregular, muchos de los cuales, son públicos.
Capos y mafias, en alianzas con bandas delincuenciales
Asimismo, según fuentes de la Policía de Cali, bandas delincuenciales tienen nexos con narcotraficantes y otras mafias para la comisión de delitos, tanto para sicariato, así como para movilizar a gigantescas comunidades, conformadas por entre 1.500 y 2.000 personas, en zonas de los corregimientos para invasiones.
Las bandas y fuerzas ilegales detrás de los predios aprovechan el grado de indefensión y vulnerabilidad de familias de escasos recursos.
Además de venderles terrenos, hay cobros excesivos por servicios públicos. Este ha sido el caso de invasiones en predios del corregimiento de Navarro, en el suroriente de Cali.
De hecho, la Aldovea, de 10 hectáreas, fue un ejemplo de ello. Hace tres años, la Policía capturó a ocho personas por su relación con la banda ‘la Conquista’ que ejercía estas presiones para invadir.
Según la Policía, la práctica de bandas en invasiones no ha cesado. Inclusive, viene desde hace más de 10 años. Las bandas se prestan en delinquir para esas mismas mafias, cuando se trata de litigios por tierras y hasta por herencias familiares, con otros abogados que han terminado asesinados en el pasado.
El municipio de Jamundí tampoco se salva de invasiones en predio de narcos
Un terreno de 152.000 metros cuadrados en zona rural del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, que tiempo atrás quedó bajo extinción de dominio relacionado con narcotráfico y que ha estado bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se volvió un área por la que estafadores han venido ofreciendo lotes a ciudadanos en Jamundí para que levanten sus viviendas.
Los han vendido por unos 4,6 o hasta 8 millones de pesos, cada uno, como una manera de fomentar invasiones o nuevos asentamientos ilegales en estas tierras.
Es que en Jamundí no solo se trata del narcotráfico por parte de grupos armados, como los disidentes del frente ‘Jaime Martínez’ con fuerzas aliadas con carteles mexicanos. También hay una mafia que promueve la venta de terrenos para generar estas ocupaciones irregulares de tierras.
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, ha venido haciendo la denuncia en este año, manifestando que los delincuentes aseguran a la gente, cuando se hace alguna venta, que la SAE y la misma administración municipal dieron las autorizaciones, lo que por supuesto, es totalmente falso. Este polémico predio se llama San Isidro.
En la Dirección Territorial de la Sociedad de Activos Especiales comprobaron que es un terreno en Jamundí que durante los últimos años fue comercializado parcialmente a familias de esta población y de otros municipios del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca.
Las ventas allí realizadas carecen de normas legales, teniendo en cuenta que el terreno está en manos de la entidad después de ser incautado, a través de extinción de dominio.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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