La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha tomado la decisión de cerrar seis minas situadas en Cucunubá, específicamente en las áreas de Vilama Viejo y Ramada Trails. Estas minas funcionaban sin contar con las licencias ambientales necesarias ni los nombres mineros otorgados por la Agencia Nacional de Minería (ANM). La única excepción a esta situación fue el manejo de los recursos relacionados con el suministro de agua, el suelo y los recursos florales que, a pesar de todo, no justifican la falta de permisos.
La determinación de clausurar estas actividades mineras se llevó a cabo tras una exhaustiva visita del equipo técnico de la Administración Regional. Durante esta inspección, se evidenció que las minas estaban funcionando sin cumplir con las regulaciones actuales, lo cual ha resultado en un impacto serio sobre la comunidad cercana del Pueblo Vieja, así como sobre las fuentes de agua que son vitales para la zona. Estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de asegurar que todas las actividades mineras operen dentro de un marco legal y regulatorio que proteja tanto al entorno natural como a las comunidades que dependen de él.
En palabras de Bryan Martínez, el director regional de Ubaté de la CAR, “el desarrollo de esta actividad sin permisos apropiados exacerba las consecuencias legales”. Esto subraya un punto importante: la necesidad de que el sector minero tome medidas concretas para regularizar sus operaciones y garantizar que se alineen con las normativas de protección del medio ambiente. La falta de regulación puede conllevar a daños irreparables y aumenta el riesgo de sanciones para aquellos que operan sin licencia.
Los informes técnicos apropiados elaborados durante la inspección ponen de manifiesto el daño que ya se ha causado a cuerpos de agua como Crubblo Viejo y Palacios. Esta situación no solo afecta la calidad del agua, sino que también distorsiona los delicados ecosistemas acuáticos de la zona. La extracción ilícita de materiales ha provocado la eliminación de sedimentos necesarios para mantener el equilibrio de estos ecosistemas, poniendo en riesgo a la flora y fauna local.
La contaminación resultante en los cuerpos de agua se atribuye principalmente a la eliminación irresponsable de sedimentos, así como a la ausencia de sistemas de minería que traten adecuadamente las aguas residuales generadas. El uso incorrecto de productos, como aceites y lubricantes vertidos directamente en el suelo, agrava la situación, comprometiendo aún más la calidad del agua. Estos problemas tienden a intensificarse durante la temporada de lluvias, cuando la erosión del terreno se hace más crítica.
“Este proceso de sanciones que hemos iniciado es crucial no solo como una medida punitiva, sino también como un esfuerzo de prevención contra futuras actividades mineras ilegales”, enfatizó Martínez. La intención es proteger el medio ambiente y los recursos naturales que son tan vitales para la región, asegurando que las operaciones se lleven a cabo de manera responsable y sostenible.
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