Es difícil encontrar palabras que realmente capturen la mezcla de preocupación, indignación y conmoción que sentimos como nación tras los horrendos sucesos ocurridos en un jardín de infantes en Bogotá, bajo la responsabilidad del Instituto de Familia Colombiana (ICBF). Este caso nos golpea no solo como individuos, sino como un conjunto social que debe unirse para proteger lo más sagrado: la infancia.
El incidente en cuestión tuvo lugar en una casa para niños ubicada en San Cristóbal, al sureste de la capital colombiana. En este lugar, menores de entre dos y cuatro años se convirtieron en víctimas de Freddy Arley Castellanos, el maestro del ICBF, quien fue detenido tras ser acusado de abuso sexual a aproximadamente 12 niños. Este acto atroz no es un evento aislado; más bien, es representativo de una crisis mayor que afecta la protección de los más vulnerables en nuestra sociedad.
La actual administración ha mostrado un alarmante descuido hacia los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes. Incluso el presidente Gustavo Petro ha hecho declaraciones públicas reconociendo este hecho, aunque hasta la fecha no se ha anunciado una política seria que aborde esta problemática de manera efectiva. En este contexto, es crucial señalar que la responsabilidad de lo ocurrido recae directamente sobre el gobierno de Petro, que ha fallado en proporcionar la justicia, el apoyo y la reparación que las madres de estas víctimas claman con desesperación. Estas mujeres, quienes alzaron la voz para defender a sus hijos, han enfrentado la indiferencia del presidente ante su dolor.
Colombia recuerda que el primer director del ICBF designado por el gobierno de Petrismo fue la Sra. Concepción Baracaldo, amiga cercana de la primera dama Verónica Alcocer. “Concha”, como la llaman en su círculo, carece de la experiencia necesaria en el ámbito de la infancia; su principal atributo parece ser su relación personal con Alcocer. Entre sus controvertidas intervenciones, destaca su tendencia a cantar el himno de alegría en eventos, lo que parece trivial comparado con la gravedad de su responsabilidad.
Desde que Baracaldo asumió su cargo, la oposición en Colombia ha señalado cómo se ha descuidado la infancia en diversas regiones del país. Este descuido se ha traducido en clientelismo y en el uso del ICBF como una burocracia fuerte, cuya actuación ha permitido hechos como el ocurrido en San Cristóbal, donde se ha visto una aparente desconexión entre la entidad y su labor en la protección de menores.
Es indudable que el caso del jardín de infantes en Bogotá revela las consecuencias de estas decisiones fallidas. La ausencia de supervisión y de protocolos efectivos ha ofrecido un entorno propicio para que el agresor actuara con impunidad en una instalación que debería ser segura para nuestros niños.
Es inquietante saber que los pequeños experimentaban un gran temor hacia los maestros, quienes los amenazaban con ser enviados bajo su custodia, según relatan las madres. ¿Acaso esto no fue una señal suficiente para que se tomaran medidas urgentes?
Además, este no es un caso aislado; en el primer trimestre del 2025, se registraron 2,404 advertencias sobre abuso sexual de menores en Bogotá. Esto demuestra una alarmante realidad que no se puede ignorar.
Por lo tanto, es imprescindible que el gobierno implemente acciones concretas para salvaguardar a los niños, lo que incluye el establecimiento de políticas estatales adecuadas. Esto implica nombrar a personas con experiencia y compromiso en la defensa de los derechos de los niños, poner en marcha protocolos de monitoreo eficaces en las instituciones educativas y asegurar que las denuncias de abuso sean investigadas de inmediato y se sancionen a los culpables. Como sociedad, debemos unirnos y exigir la renuncia de la actual directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, en un acto de responsabilidad y justicia.
Esta columna es un gesto de protesta y solidaridad con todas las víctimas y sus familias, un llamado a la acción que no puede ser ignorado.
Andrés Barrios Bernal
