Recientes informes han puesto de manifiesto una situación preocupante relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) entre la población infantil y adolescente en Bogotá. Según estos datos, los menores en esta capital destinan la mayor parte de su gasto en sustancias como la marihuana, el tabaco y el alcohol, que son las más comunes y accesibles.
No obstante, es fundamental señalar que también existen reportes de consumo de drogas que son considerablemente más adictivas y perjudiciales para la salud humana, tales como la cocaína, el bazuco y el éxtasis. Las autoridades competentes han dado la alerta de que las cifras podrían estar subestimadas, ya que un mismo menor podría estar consumiendo varias sustancias simultáneamente, lo que aumentaría la gravedad del problema.
Un análisis más detallado indica que los grupos socioeconómicos más bajos, es decir, los estratos 1 y 2, concentran la mayor parte de los consumidores de estas sustancias. Sin embargo, el consumo de alcohol tiende a ser más prevalente en los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6. Este hecho sugiere que, aunque el uso de alcohol es más común en estratos más altos, los niveles de consumo problemático y nocivo son más alarmantes en las comunidades más vulnerables, donde las condiciones de vida y el acceso a recursos son limitados.
Entre las sustancias ilegales que se han reportado, se incluyen el Dick, Popper, marihuana, cocaína, bazuco, heroína, metanfetamina y metadona sin receta médica, lo que plantea un reto significativo para las autoridades sanitarias y educativas.
En cuanto a la distribución de los casos, diversas localidades han reportado un número alarmante de consumidores de estas sustancias durante 2024. Las cifras presentan un panorama sombrío, como se muestra en las gráficas contenidas a lo largo del informe.
En los últimos cinco años, se han documentado un total de 20,457 casos de consumo en instituciones educativas, abarcando tanto colegios públicos como privados. Esta alarmante realidad exige una respuesta de emergencia por parte del distrito. No podemos permitir que nuestros niños y adolescentes caigan en la trampa del consumo de sustancias sin contar con una política de prevención bien establecida, intervenciones que sean oportunas y un refuerzo de los tejidos sociales en esos entornos que están en riesgo de desintegrarse.
Además, en 2025 se reportaron 249 casos relacionados con menores que buscaban atención en entidades administrativas de beneficios de salud (EAPB) para recibir tratamiento por consumo de sustancias. De estos, 6 eran niños de entre 6 y 11 años. En 2024, el mismo rango de edad mostró 80 casos, evidenciando una tendencia preocupante que requiere nuestra mayor atención.
Julián Uscátegui
