Las revelaciones sobre la presunta implicación de altos funcionarios en acuerdos secretos con los líderes de las FARC es uno de los episodios más turbios y peligrosos para las instituciones colombianas en décadas. Lo que destapó la unidad de investigación de Caracol Noticias no es un incidente menor: es una fachada de alerta sobre el debilitamiento del Estado de derecho y la posible captura criminal del sector estratégico del poder público. Este hecho, de probarse, colocaría a Colombia en una crisis constitucional sin precedentes, involucrando a miembros activos y retirados de las fuerzas armadas, funcionarios de la DNI y estructuras armadas ilegales.
Son muy alarmantes las acusaciones que vinculan al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI, con el supuesto «pacto de agresión» y la creación de una empresa de seguridad de primera línea para legalizar y proteger a los disidentes armados. Esto no sólo sería un uso indebido de la autoridad pública; Constituiría una violación directa a la Constitución, a la Ley de Espionaje y Contraespionaje (Ley 1621 de 2013) y a los deberes funcionales del sector público establecidos en el artículo 217 de la Carta Política. Si se utiliza la inteligencia estatal para proteger a los criminales, la nación queda indefensa y los ciudadanos quedan desprotegidos.
La gravedad aumenta si se confirma que estos militares y oficiales de inteligencia habían proporcionado a los disidentes códigos de radio, información clasificada e información sobre operaciones militares. Esto, además de comprometer la seguridad nacional, podría incluir delitos como revelar secretos, colaborar con grupos armados organizados y conspirar para cometer delitos graves. La Fiscalía, al incautar estos dispositivos desde julio de 2024 y no avanzar rápidamente, también entra en un área de interrogatorio que necesita ser explicada al país.
Este episodio expone una profunda fractura en el corazón del sistema estatal. La propuesta de crear una empresa de seguridad para legitimar el movimiento disidente recuerda peligrosamente a las Convivir de los años 90, una estructura que, bajo protección legal, facilitó la expansión militar. Es inaceptable que un general retirado, posteriormente reelegido por decreto presidencial, haya considerado oportuno repetir un modelo que terminó en tragedia nacional. La historia jurídica y política del país ya ha explicado sus consecuencias.
La situación se agrava aún más por las referencias encontradas en los documentos de Calarcá, conocidos como Calarcá, a supuestos comentarios sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Independientemente de la veracidad de estas acusaciones, que deben ser investigadas con rigor y sin acción política, destaca el hecho de que los grupos armados ilegales se presentan con «pruebas» que podrían «mostrarle» al presidente el nivel de riesgo: delincuentes que asumen la capacidad de presionar la democracia. Es un síntoma del declive del país y de la pérdida de control sobre aquellos con quienes dice estar negociando.
Al mismo tiempo, una versión del nombre Calarcá, a pesar de estar toscamente interpretado con armas y dinero, muestra preocupantes fallas en el «régimen de paz». El uso de esta personalidad jurídica no puede convertirse en un escudo para la impunidad ni en un método de neutralización de sanciones cuando los hechos atentan contra bienes jurídicos esenciales como la seguridad pública. La Fiscalía y el Ministerio de Defensa tienen una responsabilidad constitucional inquebrantable: asegurar que los procesos de paz no se conviertan en canales voluntarios para la consolidación de la actividad criminal.
El gobierno, por su parte, tiene el deber constitucional (artículo 189) de mantener el orden público y garantizar la integridad del legítimo monopolio del poder. La respuesta del gobierno comunicada hasta ahora es inadecuada dada la magnitud del escándalo. Colombia no necesita declaraciones: requiere decisiones estructurales, transparencia total y consecuencias punitivas y disciplinarias inmediatas para quienes han traicionado al país.
Colombia vive sus tiempos más oscuros. La penetración de la actividad criminal en las organizaciones no es un riesgo imaginario: es una amenaza real que requiere una respuesta decidida, legal y política. El tema principal no es un desacuerdo entre el gobierno y la oposición, ni una disputa mediática. Es la supervivencia misma del Estado de derecho. Si esta cuestión se diluye, no se revela la verdad o los responsables no comparecen ante la justicia, la República quedará a merced del desgobierno y el crimen. Y la historia no perdonará a quienes decidieron mirar para otro lado.
Nota: Y cabe hacerse una pregunta incómoda: ¿qué hubiera pasado si este escándalo hubiera ocurrido en otro gobierno? La izquierda ya estaría en las calles, con marchas masivas, cacerolazos y discursos incendiarios exigiendo la dimisión inmediata del presidente. Pero hoy, ante un problema tan grave o más grave, la respuesta es sorprendentemente discreta.
XG
