El estudio «Infancia y crisis climática en América Latina y el Caribe», cuyas conclusiones dará a conocer este miércoles Plan, se realizó entre mayo y julio de 2025 en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Hay evidencia de que la crisis climática está exacerbando la desnutrición infantil, la exposición a enfermedades transmitidas por el agua como el cólera, las interrupciones prolongadas en la educación y un aumento de la violencia, incluida la violencia de género, según la ONG.
Las niñas se ven afectadas «desproporcionadamente», ya que «la escasez de agua dificulta el manejo de la higiene menstrual y aumenta el riesgo de infecciones» y «refuerza que los roles de género a menudo asignan a las niñas la responsabilidad de recolectar agua durante los períodos de escasez, exponiéndolas a mayores riesgos de violencia sexual».
La crisis climática también refuerza los roles tradicionales de género y aumenta el riesgo de matrimonio infantil, según el informe de Plan, elaborado a partir de datos de financiación climática, grupos focales y entrevistas.
«Muchas veces los padres tienden a sacar a las niñas de la escuela primero, luego las niñas dejan de estudiar para cuidar de la familia, como cocinar y cosas así», dice una adolescente ecuatoriana citada por Plan Internacional.
La organización llama a los gobiernos y a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas en la COP30 que se celebrará en Belém, Brasil, ya que «la justicia climática implica garantizar que las niñas y adolescentes puedan participar, adaptarse y liderar soluciones a la crisis climática», como dice Cynthia Betti, directora ejecutiva de Plan Internacional Brasil y delegada en un evento de declaración de la ONU.
«Sin embargo, las jóvenes delegadas han enfrentado importantes barreras para acceder a espacios como la COP, debido al alto costo de la participación y al número limitado de acreditaciones. No basta con responder a las emergencias: debemos transformar la forma en que se toman las decisiones y se distribuyen los recursos, para garantizar una inclusión real, no meramente simbólica», agrega Betti.
