El municipio de San Pablo, al sur de Bolívar, volvió a ser escenario de una grave crisis humanitaria y de seguridad: Una masacre habría dejado al menos cinco personas en el barrio El Jardíndel municipio de San Pablo, hecho que, según versiones preliminares, habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha sido la primera entidad en pronunciarse, catalogando este hecho como la masacre número 68 del año en el país.
Según Indepaz, “hombres armados, al parecer pertenecientes al ELN, irrumpieron en una mina de oro y dispararon indiscriminadamente”, dejando además maquinaria pesada destruida y provocando el desplazamiento de la comunidad minera de la zona.
Fecha: 04/11/2025
Ubicación: San Pablo, Bolívar.
Número de Víctimas: 05 PersonasEn la vereda El Jardín, jurisdicción del municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar, hombres armados, al parecer pertenecientes al ELN, irrumpieron en una mina de oro y dispararon… pic.twitter.com/VGwmIR9aHR
— INDEPAZ (@Indepaz) 6 de noviembre de 2025
Aunque las autoridades departamentales manejan la cifra preliminar de tres fallecidos, no descartan que el número de víctimas sea mayor. La incertidumbre persiste por la falta de claridad sobre la ubicación de los cadáveres y un comunicado oficial detallado.
La Policía del Magdalena Medio confirmó realizar patrullajes en el casco urbano para verificar la información.
En estos momentos se produce el despliegue de tropas del Ejército Nacional (Primera División) hacia la zona de emergencia.
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La guerra por el oro: el conflicto en el sur de Bolívar
Este nuevo episodio de violencia se enmarca en la crítica situación de orden público que azota al sur de Bolívar, un territorio estratégico por su riqueza en minería ilegal de oro y su ubicación como corredor de movilidad por la Serranía de San Lucasque conecta con otras regiones vitales para las economías ilícitas.
La zona es un campo de batalla por el control territorial entre tres de los principales grupos armados ilegales del país:
El Ejército Libertador (ELN) Con una fuerte presencia histórica en la región, busca consolidar su dominio, especialmente sobre los ingresos provenientes de la minería ilegal. Los enfrentamientos con rivales son frecuentes, generando confinamientos y desplazamientos masivos en municipios como Santa Rosa del Sur y Montecristo.
El Clan del Golfo: Este grupo criminal, el más grande del paísha estado impulsando una ofensiva para apoderarse del territorio del sur de Bolívar, buscando desplazar al ELN y a las disidencias de las FARC para tomar rutas del narcotráfico y la minería.
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Las Disidencias de las FARC (Estado Mayor Central – EMC, como el frente ‘Calarcá’): Si bien el principal conflicto en esta subregión se centra en el ELN y el Clan del Golfo, la presencia de facciones disidentes de las extintas FARC-EP suma un tercer actor en la disputa por el control de corredores y economías ilegales. En ocasiones se ha informado de enfrentamientos entre los tres grupos.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para el municipio de San Pablo y la subregión, advirtiendo del alto riesgo humanitario. La entidad señala que estos grupos armados han impuesto «reglas y otras formas de gobernanza ilegal», buscando sustituir las instituciones del Estado y ejercer un control absoluto sobre la población y las actividades económicas.
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Consecuencias humanitarias de la disputa
La escalada del conflicto en el sur de Bolívar se traduce en un constante drama humanitario para sus habitantes:
• Masacres y Homicidios: El reciente suceso en San Pablo pone de relieve la violencia sistemática contra la población civil.
• Confinamiento y Desplazamiento: Miles de personas se han visto obligadas a confinarse en sus hogares o desplazarse interregionalmente o hacia cabeceras municipales, huyendo de combates y amenazas.
• Bloqueos territoriales: Los grupos armados imponen severas restricciones a la movilidad y la entrada de bienes esenciales como combustible y alimentos, exacerbando la crisis.
Las Fuerzas Militares, con el despliegue del operativo en San Pablo, buscan restablecer el orden y verificar la masacre, en un contexto donde las disputas territoriales por el control de riquezas ilícitas continúan cobrando vidas y violando los derechos humanos de la población.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
