Bogotá vive a la sombra de violentos bloqueos y falsas manifestaciones que convierten el supuesto derecho de unos pocos a protestar pacíficamente en un escenario de vandalismo. Miles de ciudadanos sufren la paralización del transporte público, mientras unos pocos destruyen lo que tanto esfuerzo costó construir.
Por lo tanto, presentaré el Proyecto de Acuerdo Concejo que busca proteger el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, reafirmando su carácter de servicio público básico y asegurando su adecuada prestación cuando se presenten actos de vandalismo y bloqueos violentos durante manifestaciones. La ciudad no puede seguir atrapada y paralizada por un caos disfrazado de demanda social.
Según TransMilenio, hasta agosto de este año, 751 protestas y disturbios han afectado la movilidad de Bogotá, 300 más que en 2024. Al 7 de octubre, 14,5 millones de personas han sido afectadas. Cada uno de estos bloqueos violentos impide que los trabajadores lleguen a tiempo, que los estudiantes asistan a clases y que los enfermos reciban atención médica. La violencia callejera reemplaza al diálogo, y los ciudadanos comunes y corrientes pagan el precio más alto: su seguridad, su tranquilidad, la pérdida de tiempo y el derecho básico a moverse libremente por la ciudad.
Defiendo el derecho a la protesta pacífica, pero dejo claro que destrozar autobuses, destrozar estaciones o bloquear violentamente carreteras no es un ejercicio democrático. Es un ataque directo a los millones de bogotanos. Los números lo demuestran: entre 2020 y abril de 2023, actos vandálicos provocaron pérdidas por 17.000 millones de pesos; Este año, 53 autobuses fueron vandalizados y el sistema dejó de recibir más de 12,6 mil millones por validaciones no cumplidas.
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Los costos no sólo se miden en dinero, sino también en oportunidades perdidas. Cada autobús detenido significa clases suspendidas, empleos en peligro y ciudadanos atrapados en medio del desamparo. Por eso pido a las autoridades que actúen urgentemente para el levantamiento de los bloqueos violentos, el procesamiento de los responsables y la garantía de la movilidad, como prevé el ordenamiento jurídico.
De acuerdo con el artículo 365 de la Constitución y la Ley 336 de 1996, el transporte público es un servicio público básico. No es un privilegio, es un servicio que garantiza derechos básicos: libre circulación, salud, trabajo y educación. Según la encuesta «Cómo vamos» en Bogotá, en la capital el año pasado más del 53% de los ciudadanos viajó en transporte público masivo, y el 71% lo hizo por medios sustentables (transporte público, bicicleta y caminando). Si ese sistema colapsa, toda la ciudad se paralizará.
¿Por qué el Estado pudo actuar en otros casos y garantizar una adecuada prestación de los servicios de transporte público? Por ejemplo, con lo ocurrido en la huelga de pilotos de Avianca en 2017, cuando la Corte Suprema la declaró ilegal por poner en peligro un servicio público básico. También menciono la sentencia de «Epa Colombia» de 5 años y 2 meses, por destrucción de la estación TransMilenio y participación en actos vandálicos contra la URI en 2019. En ambos casos, el Estado actuó. Hoy exijo la misma fuerza contra los «encapuchados» que vandalizan y bloquean violentamente el transporte público de la ciudad.
El diálogo es siempre la primera vez. Pero cuando la violencia reemplaza a las palabras y los derechos de millones son pisoteados, la autoridad no puede quedarse quieta. Bogotá ya está hablando: no más “capuchos”, no más manifestaciones violentas, no más parálisis.
Juan David Quintero
