La comunidad de Villas Javier en San Cristóbal está exigiendo respuestas urgentes respecto al jardín de infantes conocido como Parques de Canadá, donde se ha denunciado que uno de sus funcionarios, identificado como Freddy Castellanos, presuntamente abusó sexualmente de al menos 12 menores de edad.
De acuerdo con los testimonios de las familias afectadas, las pequeñas víctimas oscilarían entre los 2 y 3 años de edad, lo cual hace que la situación sea aún más alarmante. Lamentablemente, entre estas víctimas, se ha informado que dos de los niños más pequeños han recibido el diagnóstico de VIH, lo que subraya la gravedad del abuso y el impacto físico y emocional que ha tenido en sus vidas.
El acusado, Freddy Castellanos, no actúo solo, ya que se sostiene que otros miembros del personal del jardín de infantes tenían conocimiento de la situación y decidieron permanecer en silencio. Este encubrimiento ha generado un ambiente aún más hostil y doloroso para las familias de los afectados, quienes exigen justicia y una investigación profunda que no solo implique a Castellanos, sino también a aquellos que, al parecer, optaron por ignorar el problema.
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Los familiares, así como la comunidad de Villas Javier, han decidido hacer un llamado a instancias como el ICBF, el Ministerio de Educación, y la Policía Metropolitana de Bogotá, para que se tomen acciones concretas. Están pidiendo no solo una investigación exhaustiva sobre las alegaciones, sino también que se tomen medidas para garantizar que situaciones tan devastadoras no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Este trágico acontecimiento ha puesto un foco importante sobre la necesidad de fortalecer las políticas de protección infantil y la urgencia de entrenar a los educadores y al personal de instituciones educativas para que puedan identificar y reportar señales de abuso de manera efectiva. La falta de respuesta podría tener consecuencias devastadoras, tanto para las víctimas como para toda la comunidad, que busca un entorno seguro para sus hijos.
Las organizaciones de la comunidad están muy activas en este momento, organizando marcha y recogiendo firmas para hacer oír su voz. La indignación y la tristeza se han apoderado del vecindario, y muchas familias sienten que la seguridad de sus hijos está en riesgo mientras este caso no sea resuelto adecuadamente. Es fundamental que las autoridades tomen este asunto de manera seria, para restaurar la confianza de la comunidad y asegurar que la justicia se aplique de forma rápida y efectiva para proteger a los más vulnerables.
La situación sigue siendo desarrollada, y la comunidad está en espera de respuesta de las autoridades pertinentes para que se tomen las medidas necesarias y se erradique cualquier tipo de abuso dentro de las instituciones que son responsables del cuidado y educación de los niños.
