Ante la Corte Constitucional, el senador Carlos Fernando Motoa interpuso una demanda contra el recién aprobado Presupuesto General de la Nación, al considerar que contiene vicios de forma, además de facultades que pueden resultar excesivas para el presidente Gustavo Petro.
En un documento de 70 páginas, el congresista explica que el texto de la PGN, que tuvo luz verde el 16 de octubre, tiene serios problemas que pueden afectar el funcionamiento del Estado en el corto plazo.
«La PGN no responde a las verdaderas necesidades de los colombianos. Su azaroso proceso en el Congreso violó principios esenciales de nuestra Constitución: el principio democrático, el de publicidad y el de bicameralidad», explicó Motoa.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, presentó una demanda ante la Corte Constitucional. Foto:Prensa del Senado
«El texto reduce los recursos de sectores claves como la Vivienda y la Agricultura, al tiempo que recorta el pago de la deuda del país y otras obligaciones. ¡Sin mencionar los defectos en que incurrió la Asamblea Plenaria!» dijo Motoa.
¿Poco impacto en los territorios?
Para el congresista nacido en Palmira (Valle del Cauca), durante este año, la Nación, que se quedó con el 21 por ciento de los regionalizados, en 2026 pretende quedarse con el 24%, es decir, Serían alrededor de 3.600 millones de dólares más los que los territorios dejarán de recibir para cubrir sus necesidades (ya sea en términos de salud, vivienda, infraestructura, etc.).
Parte del texto de la demanda del senador Carlos Fernando Motoa a la PGN Foto:Particular
“Lo que habla de un Gobierno Central que no cree en las regiones, en la descentralización ni en la autonomía fiscal, con el agravante de que la mayoría de los recursos en manos de la Nación rara vez se ejecutan o terminan en temas que realmente impactan a la población”, dijo el senador del partido Cambio Radical.
Los vicios que tendría la PGN
El senador Carlos Fernando señaló algunos de los vicios que, desde su concepción, tiene la PGN.
Considera que el principal se refiere a que el Senado aprobó el texto de la Cámara sin generar debate alguno, lo que implicó que más de 70 propuestas de distintos senadores fueran completamente ignoradas.
Considera, además, que el Pleno “nunca conoció finalmente el texto aprobado, ya que no fue publicado ni reproducido, como exige la Ley 5 de 1992”.
Motoa Solarte señaló que el artículo 89 viola la unidad de la materia, al introducir una modificación permanente al cobro de los peajes.
“El artículo 90 otorga poderes extraordinarios al Presidente, permitiendo alterar el presupuesto entre ministerios mediante decreto”, subrayó el congresista, señalando este vicio como uno de los más graves.
Cabe mencionar que la PGN también había recibido críticas por parte de distintos congresistas.
Norma Hurtado, senadora de La U, había cuestionado el texto de la PGN. Foto:Norma Hurtado Prensa
Desde el sector social, la senadora Norma Hurtado enfatizó el impacto en la salud pública, advirtiendo que los recursos asignados al sistema de seguridad social “no reflejan la magnitud del déficit” y desconoce las necesidades de un sistema que actualmente tiene millones de colombianos afectados, que esperan tratamiento médico.
Para el senador vallecaucano, la reducción de aportes a mediana y alta complejidad médica puede poner en riesgo la atención de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo e irónicamente dijo que «poco se habló del déficit del sistema. No sé si todos los pacientes se curaron y no nos avisaron».
Más de 500 mil millones para la PGN
A través de una sesión que reflejó tanto los acuerdos políticos del Gobierno como las tensiones por la distribución del gasto, el pleno del Senado aprobó el pasado jueves 16 de octubre el PGN para 2026, por un monto total de $546,9 mil millones; como se había acordado durante las votaciones en Comisiones Económicas Mixtas y la posibilidad de adecuar la Ley de Financiamiento.
La aprobación del texto se logró con 50 votos a favor y 27 en contra, con lo que el Legislativo dio luz verde al texto que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, lo que evita el proceso de conciliación y deja listo el presupuesto que regirá a partir del 1 de enero del próximo año.
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