La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informó que la empresa Aire logró comprar el 81% de la energía que requerirá en 2026, luego de lanzar una convocatoria pública que superó las expectativas del mercado. Con este avance se garantiza la continuidad del servicio eléctrico a más de 1.3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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En el proceso se recibieron más de 14 ofertas de 11 agentes del mercado, entre ellos generadores térmicos e hidráulicos, fuentes renovables y comercializadores de energía disponible. La meta de compra se superó en un 20%, lo que representa un logro clave en el objetivo de estabilizar el sistema energético del Caribe.
Una vez culminada esta etapa, se iniciará la fase de estructuración y análisis técnico de las propuestas, con el fin de adjudicar más de 4.500 Gigavatios/hora (GWh) en condiciones de precio justo y competitivo. Superservicios ha acompañado todo el proceso para brindar garantías a los participantes.
“El compromiso de la entidad es mantener reglas claras para el mercado y asegurar la participación activa y confiable de generadores y comercializadores, pensando no sólo en el Caribe sino en el futuro energético de todo el país”, afirmó. Superintendente Felipe Durán Carrón.
Sede de Air-e en Barranquilla. Foto:Redes sociales-Archivo EL TIEMPO
Uno de los efectos más destacables de esta estrategia es la reducción de la exposición de Air-e al mercado energético, lo que ayuda a proteger a los usuarios frente a la volatilidad de precios y refuerza la estabilidad de tarifas en la región, en línea con el propósito del Gobierno de Cambio.
El resultado se logró gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), Superservicios y otras entidades del sector. En particular, el Resolución CREG 101-082 de 2025, impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, permitió estructurar un proceso de contratación directa que eliminó intermediarios y optimizó los costos de compra.
El Gobierno estudia utilizar la ley de financiación para paliar la crisis financiera de Air-e
Mientras avanza la compra de energía para 2026, el Gobierno Nacional evalúa mecanismos estructurales para afrontar la difícil situación financiera que atraviesa Air-e, empresa intervenida por Superservicios desde 2020.
El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que la próxima ley de financiamiento podría convertirse en una herramienta clave para aliviar las deudas acumuladas tras la intervención y garantizar la sostenibilidad del servicio en la Costa Caribe.
El Ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea Foto:minminas
«Podemos aprovechar este marco legal para buscar recursos que ayuden a cubrir deudas pendientes y, además, diseñar una solución estructural de mediano y largo plazo. No puede ser que los caribeños vivan cada año con la incertidumbre de si tendrán energía», dijo el ministro durante la inauguración de un parque solar en Repelón (Atlántico)que beneficiará a 500 familias.
El anuncio se produjo en medio de una creciente preocupación por el posible colapso financiero de la empresa, que, como advirtióEl gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosapodría llevar a la suspensión del servicio si no se cubren los pagos atrasados a los generadores.
«Air-e está intervenida y, por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno. Pero no ha pagado a los generadores. Si esto no se corrige, puede haber suspensión del servicio, y la empresa quedaría sin posibilidad de vender energía. Es una situación compleja, tanto desde el punto de vista financiero como institucional», advirtió Verano.
Según cifras de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), las deudas de Air-e ascienden a más de mil 400 millones de pesos: cerca de 900.000 millones a centrales térmicas, 300.000 millones a hidroeléctricas y 200.000 millones a empresas de transmisión.
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Ante este panorama, los generadores del sistema han exigido garantías de pago y claridad en el plan financiero del Gobierno. Verano reiteró que la continuidad del servicio en los siete departamentos del Caribe depende de decisiones urgentes y coordinadas entre el Ministerio de Minas, Superservicios y la Tesorería.
