El concejal de Clara Lucía Sandoval negó la situación crítica que enfrentan los propietarios de espacios comerciales en El sueño de Gran San en San Victorino, aludiendo a un aumento drástico en el impuesto a la propiedad. Este incremento se debe a la reciente estimación catastral que, según comerciantes y expertos en la materia, no refleja fielmente la realidad económica o física de sus propiedades comerciales.
En el corazón de la controversia está el valor que ha alcanzado el catastro del distrito, el cual continúa incrementándose y ahora está cerca de 98 millones de pesos por metro cuadrado. Esto implica que un local pequeño de apenas tres metros cuadrados puede superar una evaluación de 650 millones de pesos. Para espacios medianos, las cifras escalan rápidamente a más de 2.5 mil millones de pesos, estableciendo así una carga fiscal que ha sido calificada como insostenible por aquellos afectados por esta situación.
La concejal Sandoval enfatizó que «estas estimaciones son completamente desproporcionadas. Se comparan con grandes centros comerciales como Unicentro o Andino, sin considerar que no comparten las mismas condiciones o infraestructura urbana». La discrepancia en los valores catastrales ha generado un clamor entre los comerciantes, quienes argumentan que esta situación pone en peligro su estabilidad y continuidad operacional.
Sandoval también destacó serias inconsistencias en el proceso de evaluación. Según testimonios de diversos comerciantes, se ha observado que las bodegas comerciales ubicadas a pocos metros de Gran San tienen garantías de evaluación hasta un 60% más bajas que las suyas, a pesar de ofrecer condiciones operativas similares. “Esta distancia es evidencia clara de la falla estructural en el sistema catastral y la falta de coherencia en su aplicación, lo cual impacta negativamente a quienes operan dentro de los márgenes legales”, advirtió la concejal.
Nota recomendada: se lanza el proyecto del aeropuerto de Bogotá Ciudad
Además, el distrito ha transferido la competencia adicional, lo que se traduce en que, «aunque los comerciantes formales enfrentan una carga fiscal asfixiante, existen otros actores comerciales que operan fuera del marco legal, contribuyendo a una clara deficiencia en la administración del comercio». Esta situación ha comenzado a generar preocupación entre los empresarios locales desde el año 2022, cuando Gran San Traders notificó un aumento excesivo en los impuestos a la propiedad, lo que amenaza la sostenibilidad económica de sus negocios. A su vez, esta crisis pone en riesgo miles de empleos y representa una importante fuente de ingresos fiscales para la ciudad.
“No se puede castigar a quienes trabajan dentro del marco legal. Proponemos implementar un concesionario de emergencia para la preservación de Gran San. No solo contamos con el apoyo del mismo distrito”, concluyó Sandoval, al mismo tiempo que afirmaba que este descontento es una situación que debe ser atendida con urgencia para evitar mayores complicaciones en el futuro.
El Gran Sueño se erige como una de las principales plataformas comerciales de Bogotá, generando más de 15 mil asuntos directos e indirectos que son vitales para la economía local. Para los concejales, es crucial que el acceso administrativo y la regulación fortalezcan este tipo de iniciativas, en lugar de debilitarlas mediante cargas fiscales que resulten injustificadas y desproporcionadas.
