La Cámara de Representantes ha llevado a cabo la aprobación de un proyecto de ley que establece una cuenta específica destinada a aquellos jóvenes que son considerados de edad legal y que presentan alguna discapacidad. Este grupo se compone de estudiantes que se gradúan de un entorno familiar en Colombia, pero que no han sido adoptados. Esta medida es fundamental, ya que busca garantizar que estos jóvenes reciban el apoyo necesario en un momento crítico de su vida.
El proyecto, que ahora avanza hacia la etapa de conciliación y que posteriormente será sancionado por el Presidente de la República, tiene como principal objetivo evitar que un sector tan vulnerable de la población quede desprotegido. El estado, a través de esta legislación, se compromete a brindar soporte a estos jóvenes hasta que cumplan 28 años, asegurando así que tengan la oportunidad de construir un futuro más prometedor.
La representante Alexandra Vásquez, quien ejerce como coordinadora de informes, mencionó que el objetivo central de esta iniciativa es crear un programa nacional enfocado en el acompañamiento integral de estos graduados. El propósito es ofrecer apoyo a aquellos jóvenes que están por salir o que ya están cerca de dejar el sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Este enfoque integral es crucial, ya que muchos de estos jóvenes enfrentan desafíos significativos al momento de hacer la transición a la vida adulta.
Vásquez también añadió que los objetivos de este programa incluyen fortalecer el papel del estado en este ámbito y establecer redes de apoyo que faciliten la inclusión social de estos jóvenes. Además, se busca impulsar el desarrollo de sus habilidades, así como garantizar una transición hacia una vida autónoma, independiente y productiva. Este aspecto es fundamental, ya que brinda a los jóvenes las herramientas necesarias para afrontar los retos que se les presenten en su vida diaria.
La propuesta legislativa también hace hincapié en la creación de unidades de acompañamiento integral. Estas unidades buscan potenciar el apoyo social y emocional, así como también el apoyo económico y educativo que estos jóvenes necesitan. Según lo estipulado en la iniciativa, se otorgará un apoyo financiero equivalente al 80% del salario mínimo durante los seis meses posteriores a su graduación. Esto proporcionará un alivio económico significativo en un periodo donde muchos de estos jóvenes pueden carecer de ingresos y recursos suficientes.
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