
El República de la República ha tomado una decisión inesperada al reducir sus tasas de interés en 25 puntos básicos, estableciendo un nuevo mínimo del 9.25%. Este cambio en las tasas de interés ha sido considerado como un logro significativo para el presidente Gustavo Petro, quien desde su llegada al poder ha abogado por políticas económicas que fomenten el crecimiento sostenible.
La junta directiva, bajo la guía del gobernador Leonardo Villar, propuso esta reducción de tasas por unanimidad, lo que refleja una postura consensuada entre los miembros de la directiva. No obstante, solo un economista de un estudio realizado por Bloomberg, de los 29 analistas involucrados, había anticipado esta medida; la mayoría, 27 analistas, había pronosticado que las tasas de financiación permanecerían sin cambios, al menos en la tercera reunión consecutiva. Otros analistas habían apostado por una disminución más drástica.
Tras la decisión, la República de la República emitió un comunicado en el que se afirmaba que la intención era «mantener una posición cautelosa en la política monetaria, mientras se apoya la recuperación de la actividad económica sin comprometer la necesaria convergencia de la inflación». Esta declaración contrasta con las expectativas del mercado, que se mantenían al alza en la anticipación de decisiones más agresivas en la política monetaria para facilitar el desarrollo económico.
Las autoridades colombianas se han visto bajo intensa presión por parte del presidente Petro, quien ha argumentado que decisiones previas relacionadas con las tasas de interés se vieron influenciadas por consideraciones políticas. En este contexto, la inflación anual ha comenzado a mostrar signos de desaceleración, alcanzando niveles que no se habían visto desde 2021. Esta situación se ha presentado como un factor crítico para los banqueros centrales, quienes deben equilibrar la necesidad de impulsar la economía con el riesgo de un repunte inflacionario. Sin embargo, los inversores siguen manifestando su inquietud ante las promesas del gobierno de controlar el gasto público y gestionar adecuadamente las cuentas fiscales, buscando señales claras de una política económica coherente y responsable.
En sus declaraciones, Petro subrayó, “el Banco Central no ha permitido al gobierno acceder al alivio financiero, lo que paraliza la economía nacional”. Este comentario resalta la tensión que existe entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central, donde las diferencias en la visión económica y los métodos para estimular la economía pueden generar fricciones que afecten la estabilidad a largo plazo.
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