La Oficina de la Asociación Secretario General ha solicitado al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se tomen medidas urgentes tras una ola de violencia que ha sacudido al país en la última semana. En este periodo, varios miembros de las fuerzas públicas han sido asesinados a manos de organizaciones criminales, a pesar de la suspensión de acciones militares que se había establecido previamente. Esta situación ha generado una gran preocupación tanto a nivel gubernamental como en la ciudadanía, ya que resalta la grave amenaza que representan estos grupos para la seguridad nacional.
En este contexto, se ha manifestado que «las acciones del sistema de violencia dirigidas contra los miembros de la fuerza pública no solo ponen en riesgo la vida y la integridad de estos valientes hombres y mujeres, sino que también influirían en la institucionalidad democrática. Un clima de incertidumbre o desconfianza podría llevar a la población a cuestionar la capacidad operativa del Estado, lo cual afectaría de manera negativa la confianza pública en la efectividad del mantenimiento del orden y la coexistencia pacífica en nuestras comunidades». Estas palabras reflejan la gravedad del momento y la necesidad de una respuesta coordinada y contundente.
Por otro lado, el Ministerio Público ha solicitado información detallada al Ministerio de Defensa sobre los recientes ataques. Estos incidentes han sido atribuidos a Jorge Suárez Briceño, conocido por el alias Calcá, quien lidera una facción criminal que opera en diversas regiones del país. El gobierno nacional había decidido suspender las acciones militares y policiales en su contra, lo cual ha llevado a cuestionamientos sobre la eficacia de dicha estrategia frente al creciente clima de violencia. La falta de respuesta activa en este caso ha suscitado inquietudes no solo entre las autoridades, sino también entre la población que se siente amenazada por el crecimiento de la actividad criminal.
Adicionalmente, el Ministerio Público ha exigido información tanto técnica como legal que sustente la decisión del gobierno nacional de suspender las operaciones de la fuerza pública contra este grupo ilegal. Este pedido también incluye una revisión de las medidas adoptadas por la oficina del Defensor del Pueblo, que ha estado atenta a la situación y ha tomado acciones en defensa de los derechos humanos en este contexto tan complejo.
Nota recomendada: El Ejército evita que 600 familias caigan en minas de Silver Antiperson. A pesar de las dificultades evidentes en el terreno, estas acciones del Ejército subrayan la importancia de mantener medidas de protección civil. La protección de los ciudadanos frente a peligros inminentes, como el uso de minas antipersona, continúa siendo una prioridad en el contexto actual, y es un recordatorio de la necesidad de mantener un enfoque proactivo ante las amenazas a la seguridad pública.
