Una polémica regla de guerra ha comenzado a ser empleada como justificación para proceder con expulsiones de migrantes sin brindarles el derecho a ser escuchados. La Corte Suprema del país está evaluando temporalmente la validez de la aplicación de esta normativa sobre los migrantes provenientes de Venezuela.
Washington DC, 20 de abril de 2025. En un giro legal inesperado, el gobierno de Donald Trump ha invocado leyes que datan de 1798 para proceder a la expulsión de migrantes, argumentando la falta de tiempo para permitir que estos presenten sus casos. Este recurso se originó en la administración de John Adams, y su aplicación nunca había alcanzado a quienes se encuentran en el país sin un estatus legal, hasta ahora. Recientemente, se ha utilizado para justificar la eliminación inmediata de migrantes, en particular aquellos que provienen de Venezuela, bajo la premisa de que representan una amenaza a la seguridad nacional.
Esta medida ha desencadenado tensiones con el sistema judicial. La Corte Suprema intervino de urgencia durante el fin de semana para suspender temporalmente estas expulsiones, luego de haber recibido una apelación de dos migrantes venezolanos arrestados en Texas. Ambos habían recibido órdenes de expulsión bajo esta normativa sin la oportunidad de acceder a la defensa legal o a un recurso de Hábeas corpus, una garantía fundamental para la protección individual ante decisiones arbitrarias.
Este caso ha reavivado el debate en torno a los límites del poder del presidente, los derechos de los migrantes, y la legalidad de aplicar leyes de guerra en este contexto. Lo que está en juego es la seguridad legal y humanitaria de miles de personas que se ven afectadas por decisiones administrativas rápidas y muchas veces arbitrarias.
De leyes olvidadas sobre migrantes enemigos
Las leyes que legitimaban el tratamiento de enemigos extranjeros se implementaron en 1798, en un contexto de fricción entre Estados Unidos y Francia, permitiendo el arresto o la expulsión de ciudadanos de naciones consideradas enemigas en tiempos de conflicto. Hasta la fecha, esta normativa había sido utilizada únicamente en contextos de guerra formal y no contra aquellos ciudadanos que se encontraban en situaciones irregulares en el país.
Sin embargo, en 2025, y a pesar de no existir una guerra declarada ni de haber sido designada a Venezuela como «tierra enemiga», el gobierno de Trump ha comenzado a aplicar esta ley con el objetivo de devolver a ciudadanos venezolanos que intentan cruzar la frontera sur o que han sido detenidos en el territorio estadounidense. La justificación presentada por la administración se basa en la supuesta vinculación de ciertos migrantes con organizaciones criminales, como el tren Aragua. A pesar de esto, diferentes colectivos de derechos civiles han descalificado las pruebas presentadas por el Gobierno, argumentando que son insuficientes y basadas en estigmas.
La batalla legal en curso
El uso de esta antigua ley ha generado una avalancha de recursos legales. A principios de abril, un juez federal en Texas se negó a detener las expulsiones, argumentando que la administración aún no había tomado una decisión final sobre el caso de los dos venezolanos que presentaron la demanda. Sin embargo, el caso fue rápidamente apelado, y la Corte Suprema decidió intervenir.
En una inesperada acción emergente, la Corte Suprema ordenó al gobierno que suspendiera las expulsiones bajo esta normativa hasta que se determine que los migrantes tienen derecho a notificarse y presentar formalmente su defensa. El juez Samuel Alito, quien supervisó la apelación, emitió un mandato temporal que impide las expulsiones mientras se investiga la profundidad del caso.
Aunque esta decisión no es definitiva, la intervención judicial es un paso significativo. Obliga al gobierno a pausar su política actual y abre un litigio judicial que podría sentar un precedente sobre la constitucionalidad de la aplicación de leyes de guerra contra personas que no han cometido delitos que generen una amenaza directa ni que, en la mayoría de los casos, hayan solicitado alivios humanitarios.
Los antecedentes: miles de migrantes en riesgo
Bajo este pulso jurídico, un número considerable de migrantes se enfrenta a órdenes de expulsión basadas en la ley de enemigos extranjeros. En la prisión de Bluebonnet, en Anson (Texas), se ha documentado la entrega de órdenes de expulsión en inglés a personas que solo dominan el español, sin que se les brinde explicación sobre sus circunstancias ni acceso a representación legal.
Organizaciones defensoras de derechos, como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), han advertido que estas expulsiones violan los derechos fundamentales y el debido proceso de los individuos detenidos. Para muchos de los afectados, la reciente decisión de la Corte Suprema representa su única oportunidad de ser escuchados antes de ser deportados a países donde enfrentarían violencia, persecución o pobreza extrema.
Que está en juego
Además de la situación de los dos venezolanos, el país se enfrenta a una cuestión crucial: ¿Puede el presidente invocar leyes de más de dos siglos de antigüedad, creadas en un contexto histórico completamente diferente, para saltarse el sistema judicial y proceder a la expulsión de personas sin una responsabilidad legal clara?
El Departamento de Justicia ha mencionado que podrían aplicarse otras medidas si el tribunal opta por limitar el uso de esta ley, lo que sugiere que la administración de Trump no abandonará su enfoque de expulsión acelerada. Sin embargo, las decisiones que el tribunal tome en este caso tendrán repercusiones profundas y duraderas, moldeando la comprensión de la balanza entre la seguridad nacional y los derechos humanos.
Mientras tanto, la ejecución de las expulsiones de los dos venezolanos en Texas está paralizada en espera de la decisión final de la Corte Suprema, la cual se anticipa en unas pocas semanas y podría marcar un cambio trascendental en la política migratoria de Estados Unidos.
